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La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios".
En la presentación de su informe sobre Venezuela también señaló que "el destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política", señaló en su discurso de presentación del documento.
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Bachelet denunció la "erosión del estado de derecho" en Venezuela, advirtiendo también una vez más que las sanciones internacionales agravan la crisis.
Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio, habló delante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al día siguiente de la publicación de un informe sobre el país latinoamericano, cuyo gobierno denunció un documento lleno de "errores".
Asesinatos
El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante operaciones de seguridad."Las principales instituciones y el estado de derecho en Venezuela fueron erosionados", declaró Bachelet.
"Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas", agregó la Alta Comisionada.
En el documento, Bachelet pide a Caracas "disolver las FAES", un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un "mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad".
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El informe detalla que en 2018, 5.287 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante estas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según Caracas.
El texto también señala que, a 31 de mayo, 793 personas estaban privadas arbitrariamente de libertad y que, en lo que va de año, 22 diputados de la Asamblea Nacional fueron privados de su inmunidad parlamentaria, entre ellos su presidente Juan Guaidó, que desde enero intenta sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.
La respuesta venezolana
Ante el Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, reconoció las "debilidades" del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido "desviaciones puntuales".Ver más: La oscura muerte de militar acusado de querer derrocar a Maduro
Pero Caracas "rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", agregó.
También defendió la acción del gobierno ante los "serios riesgos" para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como "planes de golpe de Estado" y amenazas de una "intervención militar extranjera" lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Sanciones
De acuerdo con Naciones Unidas, más de siete millones de venezolanos, es decir un cuarto de la población, requieren ayuda humanitaria urgente.Ver más: La ONU le exige a Maduro medidas para frenar grave deterioro de derechos humanos
Bachelet ha criticado en múltiples ocasiones las sanciones contra Venezuela, apuntando especialmente a Estados Unidos.
Este viernes, reiteró que las "últimas sanciones económicas agravan todavía más" la situación en el país, "teniendo en cuanta que la mayoría de los ingresos en divisas del país provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense".
"Los efectos de estas sanciones parecen afectar a la capacidad del Estado para suministrar servicios de salud de base a la población", insistió.