Los perseguidos de Maduro

Lo había hecho Luisa Ortega Díaz hace tres meses, en una escena de película. La exfiscal, enemiga pública del gobierno de Nicolás Maduro, huyó una noche en una lancha que la llevó por la península de Paraguaná hacia Aruba, desde donde viajó a Bogotá para comenzar una gira internacional con denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El viernes, el turno fue para el líder opositor Antonio Ledezma, quien escapó del arresto domiciliario en el que se encontraba en Caracas y llegó solo y por tierra al Puente Internacional Simón Bolívar, cruzó al municipio colombiano de Villa del Rosario, viajó a Bogotá y en el aeropuerto El Dorado tomó un vuelo a Madrid, España.

Ledezma, quien fue alcalde de Caracas durante dos períodos (2008–2015), fue apresado el 19 de febrero de 2015 por la policía del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin una orden de detención, y después fue acusado por Maduro de ser partícipe de la Operación Jericó, una supuesta estrategia para derrocar al gobierno venezolano. Lo mantuvieron preso cuatro meses en la cárcel militar de Ramo Verde y por complicaciones médicas fue enviado a prisión domiciliaria.

(Le puede interesar: no todos los presos se llaman Leopoldo López)

Así como Daniel Ceballos, el destituido alcalde del municipio San Cristóbal (Táchira) o Leopoldo López (arrestado en 2014 y condenado en 2015 a 14 años de prisión por cargos de asociación para delinquir, instigación y destrucción de bienes públicos), Ledezma hace parte de una lista de presos políticos que la organización Foro Penal Venezolano, encargada de defender y monitorear estos casos, describiría como ‘de primera categoría’: “Opositores muy populares, que como individuos son incómodos para el poder y representan un riesgo que debe ser neutralizado a través de criminalizaciones injustas, desprovistas de cualquier evidencia judicial”, explica Gonzalo Himiob Santomé, su director.

Pero estos presos no son la mayoría. Datos del Foro Penal, la única institución venezolana que ha construido un reporte actualizado de las víctimas de detenciones arbitrarias (ante la ausencia de información oficial), indican que a octubre de este año existen 342 presos políticos (69 en casa por cárcel), sobre todo activistas, comunicadores, estudiantes, profesores o ciudadanos del común que fueron detenidos durante las protestas de 2014 y de abril a agosto de este año, o que fueron identificados por el gobierno como críticos visibles que debían ser controlados.

De ese número también hace parte un grupo más pequeño que el director del Foro llama “presos de propaganda”: empresarios o miembros de gremios que el gobierno responsabiliza de la crisis económica del país, de la escasez de comida o alimentos. “Justo el jueves detuvieron a unos gerentes de procesadoras de harina de maíz y los acusaron de acaparar la comida. Este tipo de detenciones injustificadas se dan para mostrar resultados frente a esas acusaciones”, dice Himiob.

Desde el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2017 se registraron en Venezuela 11.993 detenciones arbitrarias de las cuales casi la mitad, 5.451, ocurrieron durante las protestas que comenzaron en abril de este año. Aunque las detenciones se redujeron a medida que las manifestaciones se fueron apagando, al 31 de octubre, 444 personas continuaban detenidas. Organizaciones de la sociedad civil como Provea, Foro Penal, Defiende Venezuela y Sin Mordaza han denunciado cómo el gobierno reprime el derecho al debido proceso de los detenidos.

(Le puede interesar: La pesadilla de Maduro es la oposición en el exilio)

Las detenciones se realizan sin órdenes judiciales, incluso de manera cinematográfica, desplegando grupos de hombres armados que a veces son acompañados por colectivos (grupos paramilitares) e incluso helicópteros, como en el caso de Juan Pedro Lares, hijo de Ómar Lares, alcalde del municipio de Campo Elías (Mérida), quien en julio fue apresado por el Sebin, golpeado y torturado, después de un operativo que buscaba la detención del alcalde opositor. Juan Pedro, quien a sus 23 años nunca se ha interesado por la política, fue llevado a la cárcel del Helicoide, en Caracas, en donde hasta la fecha no existe un registro de su captura.

Aunque los ciudadanos que sean detenidos en Venezuela deben ser presentados en menos de dos días ante un juez para ser procesados, los presos políticos del gobierno Maduro pueden pasar meses sin que sus familiares sepan donde están, ni por qué están siendo acusados. Incluso, familiares de detenidos cuentan cómo sus esposos o hijos son sacados de sus casas u oficinas y llevados a bases militares, donde se les realizan fotomontajes con armas, que luego son utilizados como evidencia en su contra.

Durante una visita que le hizo su madre al Helicoide, Juan Pedro Lares le contó cómo, después de haber sido golpeado y torturado psicológicamente, los agentes del Sebin lo habían obligado a posar con armas para ser fotografiado. Lo mismo le ocurrió a Wilmer Azuaje, diputado regional por el estado de Barinas, detenido el 2 de mayo de este año sin orden judicial y quien ha revelado desde la cárcel videos donde se ve encadenado y con signos de tortura.

“En el momento en que a Azuaje lo capturan, el reporte oficial dice que en su vehículo cargaba prendas militares y armas de guerra, granadas. Es una práctica común, los oficialistas empiezan a sacar esta información por redes sociales y hacen un montaje completo de cada caso. Luego, cuando se leen los cargos por los que Azuaje es acusado, uno se da cuenta de que casi todos los presos políticos son señalados por lo mismo: ser coautor del uso indebido de prendas militares, delito de tráfico ilícito de municiones, posesión de arma de fuego. Como si copiaran y pegaran retazos de expedientes falsos una y otra vez”, cuenta alguien que trabajó de la mano de Luisa Ortega en la Fiscalía y conoció el expediente de Azuaje, pero prefiere no ser identificado.

(Le puede interesar: el recetario de Maduro contra los opositores)

A esto se le suman los casos de 18 personas, como el concejal José Vicente García y el tuitero Víctor Ugas, que aunque ya cumplieron sus condenas y poseen boletas de excarcelación el Sebin se ha negado a dejarlos salir.

Según el Foro Penal, el gobierno venezolano aplica diferentes estrategias para impedir que los juicios avancen. Se utilizan testigos anónimos, conocidos como “patriotas cooperantes”, que resultan ser piezas claves de las investigaciones y que los abogados defensores claramente no pueden confrontar. Es conocido que algunos policías intimidan a los detenidos diciéndoles que si aceptan ser defendidos por organizaciones de derechos humanos, serán sujetos a represalias. Eliécer Jiménez, abogado venezolano que trabajó defendiendo presos políticos y hoy, por temor, vive en el exilio, cuenta que es común que los juzgados se nieguen a recibir documentos de abogados defensores y que las audiencias son aplazadas para generar fatiga. “Había momentos en que nos citaba a las 9 de la mañana y la audiencia empezaba a las 11 de la noche, es jugar al cansancio, a desanimar a abogados que como yo defendíamos a estudiantes y personas que no tenían cómo pagar abogados”, dice.

“La huida de Antonio Ledezma es otra muestra de que es casi imposible acceder a la justicia en un país con una ausencia absoluta de estado de derecho. Sin dejar de ponernos en sus zapatos, lo que más nos preocupa son las condiciones de quienes se quedan. Es como cuando se tienen un grupo de secuestrados, y uno de ellos se escapa. Quienes permanecen privados de la libertad, reciben castigos. Tememos que se ahora se haga mas difícil obtener medida cautelares o arrestos domiciliarios para quienes defendemos”, dice el director del Foro Penal.

“Ninguno está preso por haber sido líder político o por haber promovido una idea, sino porque violaron las leyes”, aseguró Nicolás Maduro en una entrevista, el 13 de noviembre con el periodista catalán Jordi Évole.

*Periodista de Dejusticia.

Lo había hecho Luisa Ortega Díaz hace tres meses, en una escena de película. La exfiscal, enemiga pública del gobierno de Nicolás Maduro, huyó una noche en una lancha que la llevó por la península de Paraguaná hacia Aruba, desde donde viajó a Bogotá para comenzar una gira internacional con denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El viernes, el turno fue para el líder opositor Antonio Ledezma, quien escapó del arresto domiciliario en el que se encontraba en Caracas y llegó solo y por tierra al Puente Internacional Simón Bolívar, cruzó al municipio colombiano de Villa del Rosario, viajó a Bogotá y en el aeropuerto El Dorado tomó un vuelo a Madrid, España.

Ledezma, quien fue alcalde de Caracas durante dos períodos (2008–2015), fue apresado el 19 de febrero de 2015 por la policía del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin una orden de detención, y después fue acusado por Maduro de ser partícipe de la Operación Jericó, una supuesta estrategia para derrocar al gobierno venezolano. Lo mantuvieron preso cuatro meses en la cárcel militar de Ramo Verde y por complicaciones médicas fue enviado a prisión domiciliaria.

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Así como Daniel Ceballos, el destituido alcalde del municipio San Cristóbal (Táchira) o Leopoldo López (arrestado en 2014 y condenado en 2015 a 14 años de prisión por cargos de asociación para delinquir, instigación y destrucción de bienes públicos), Ledezma hace parte de una lista de presos políticos que la organización Foro Penal Venezolano, encargada de defender y monitorear estos casos, describiría como ‘de primera categoría’: “Opositores muy populares, que como individuos son incómodos para el poder y representan un riesgo que debe ser neutralizado a través de criminalizaciones injustas, desprovistas de cualquier evidencia judicial”, explica Gonzalo Himiob Santomé, su director.

Pero estos presos no son la mayoría. Datos del Foro Penal, la única institución venezolana que ha construido un reporte actualizado de las víctimas de detenciones arbitrarias (ante la ausencia de información oficial), indican que a octubre de este año existen 342 presos políticos (69 en casa por cárcel), sobre todo activistas, comunicadores, estudiantes, profesores o ciudadanos del común que fueron detenidos durante las protestas de 2014 y de abril a agosto de este año, o que fueron identificados por el gobierno como críticos visibles que debían ser controlados.

De ese número también hace parte un grupo más pequeño que el director del Foro llama “presos de propaganda”: empresarios o miembros de gremios que el gobierno responsabiliza de la crisis económica del país, de la escasez de comida o alimentos. “Justo el jueves detuvieron a unos gerentes de procesadoras de harina de maíz y los acusaron de acaparar la comida. Este tipo de detenciones injustificadas se dan para mostrar resultados frente a esas acusaciones”, dice Himiob.

Desde el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2017 se registraron en Venezuela 11.993 detenciones arbitrarias de las cuales casi la mitad, 5.451, ocurrieron durante las protestas que comenzaron en abril de este año. Aunque las detenciones se redujeron a medida que las manifestaciones se fueron apagando, al 31 de octubre, 444 personas continuaban detenidas. Organizaciones de la sociedad civil como Provea, Foro Penal, Defiende Venezuela y Sin Mordaza han denunciado cómo el gobierno reprime el derecho al debido proceso de los detenidos.

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Las detenciones se realizan sin órdenes judiciales, incluso de manera cinematográfica, desplegando grupos de hombres armados que a veces son acompañados por colectivos (grupos paramilitares) e incluso helicópteros, como en el caso de Juan Pedro Lares, hijo de Ómar Lares, alcalde del municipio de Campo Elías (Mérida), quien en julio fue apresado por el Sebin, golpeado y torturado, después de un operativo que buscaba la detención del alcalde opositor. Juan Pedro, quien a sus 23 años nunca se ha interesado por la política, fue llevado a la cárcel del Helicoide, en Caracas, en donde hasta la fecha no existe un registro de su captura.

Aunque los ciudadanos que sean detenidos en Venezuela deben ser presentados en menos de dos días ante un juez para ser procesados, los presos políticos del gobierno Maduro pueden pasar meses sin que sus familiares sepan donde están, ni por qué están siendo acusados. Incluso, familiares de detenidos cuentan cómo sus esposos o hijos son sacados de sus casas u oficinas y llevados a bases militares, donde se les realizan fotomontajes con armas, que luego son utilizados como evidencia en su contra.

Durante una visita que le hizo su madre al Helicoide, Juan Pedro Lares le contó cómo, después de haber sido golpeado y torturado psicológicamente, los agentes del Sebin lo habían obligado a posar con armas para ser fotografiado. Lo mismo le ocurrió a Wilmer Azuaje, diputado regional por el estado de Barinas, detenido el 2 de mayo de este año sin orden judicial y quien ha revelado desde la cárcel videos donde se ve encadenado y con signos de tortura.

“En el momento en que a Azuaje lo capturan, el reporte oficial dice que en su vehículo cargaba prendas militares y armas de guerra, granadas. Es una práctica común, los oficialistas empiezan a sacar esta información por redes sociales y hacen un montaje completo de cada caso. Luego, cuando se leen los cargos por los que Azuaje es acusado, uno se da cuenta de que casi todos los presos políticos son señalados por lo mismo: ser coautor del uso indebido de prendas militares, delito de tráfico ilícito de municiones, posesión de arma de fuego. Como si copiaran y pegaran retazos de expedientes falsos una y otra vez”, cuenta alguien que trabajó de la mano de Luisa Ortega en la Fiscalía y conoció el expediente de Azuaje, pero prefiere no ser identificado.

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A esto se le suman los casos de 18 personas, como el concejal José Vicente García y el tuitero Víctor Ugas, que aunque ya cumplieron sus condenas y poseen boletas de excarcelación el Sebin se ha negado a dejarlos salir.

Según el Foro Penal, el gobierno venezolano aplica diferentes estrategias para impedir que los juicios avancen. Se utilizan testigos anónimos, conocidos como “patriotas cooperantes”, que resultan ser piezas claves de las investigaciones y que los abogados defensores claramente no pueden confrontar. Es conocido que algunos policías intimidan a los detenidos diciéndoles que si aceptan ser defendidos por organizaciones de derechos humanos, serán sujetos a represalias. Eliécer Jiménez, abogado venezolano que trabajó defendiendo presos políticos y hoy, por temor, vive en el exilio, cuenta que es común que los juzgados se nieguen a recibir documentos de abogados defensores y que las audiencias son aplazadas para generar fatiga. “Había momentos en que nos citaba a las 9 de la mañana y la audiencia empezaba a las 11 de la noche, es jugar al cansancio, a desanimar a abogados que como yo defendíamos a estudiantes y personas que no tenían cómo pagar abogados”, dice.

“La huida de Antonio Ledezma es otra muestra de que es casi imposible acceder a la justicia en un país con una ausencia absoluta de estado de derecho. Sin dejar de ponernos en sus zapatos, lo que más nos preocupa son las condiciones de quienes se quedan. Es como cuando se tienen un grupo de secuestrados, y uno de ellos se escapa. Quienes permanecen privados de la libertad, reciben castigos. Tememos que se ahora se haga mas difícil obtener medida cautelares o arrestos domiciliarios para quienes defendemos”, dice el director del Foro Penal.

“Ninguno está preso por haber sido líder político o por haber promovido una idea, sino porque violaron las leyes”, aseguró Nicolás Maduro en una entrevista, el 13 de noviembre con el periodista catalán Jordi Évole.

*Periodista de Dejusticia.