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Desde que empezó el aislamiento, entre las actividades económicas que no se detuvieron por ser indispensables para el país han estado la producción, distribución y comercialización de alimentos. De hecho, a pesar de que el dato incluye los meses de enero y febrero —cuando aún no se había confirmado el virus SARS-CoV-2 en Colombia—, la agricultura creció 6,8 % en el primer trimestre del año; de lejos, la de mejor resultado.
Sin embargo, esto no se ha traducido necesariamente en un beneficio para los productores. En primer lugar, como dice Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), si bien los productores rurales tienen la “protección natural” de estar aislados del mundo urbano, es escaso el acceso a dotaciones de bioseguridad que les permitan protegerse y cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos.
Pero, además, la crisis sanitaria y económica ha implicado una caída en el consumo, por un lado, porque sectores que antes demandaban alimentos, como el de hotelería o los restaurantes, han cerrado o disminuido sus ventas casi por completo. Por otro, el hecho de que 5,3 millones de colombianos hayan quedado sin trabajo, según el dato de abril, implica una pérdida de ingresos y, por tanto, de capacidad de consumo.
“Hay productos que están en crisis porque los costos de recolección son superiores a lo que paga el intermediario y, en muchos casos, no se encuentra comprador, entonces se termina botando la comida, especialmente frutas. Eso es un pesar mientras hay otras regiones aguantando hambre”, dice Jiménez. Agrega que en las ciudades se han sumado factores como el temor a comprar en centrales de abasto, debido a que estas se han convertido en focos de contagio.
Al respecto, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, señaló, en primer lugar, que su cartera lidera la “Mesa de Abastecimiento”, creada para “detectar”, junto con las secretarías de Agricultura, los casos en los que hay perecederos que no se pueden comercializar. Asegura que para aprovechar la producción que no está encontrando mercado, con “coordinación institucional”, se logró incluir hasta 10 % de perecederos en los menús del ICBF, al igual que en el Programa de Alimentación Escolar.
Asimismo, sostiene que, en el marco del programa de agricultura por contrato, el objetivo es pasar de ruedas de negocios presenciales a virtuales. “Estamos en procesos de capacitación de las secretarías de Agricultura y con más de 300 jóvenes rurales, capacitados por el SENA, para acompañar a los productores campesinos para que, a través de plataformas, sin intermediarios, puedan vender sus productos a grandes superficies, centrales de abasto y tenderos, por lo que trabajaremos con Fenalco”, añade Zea.
Sobre las centrales de abasto, el ministro reconoce que es un tema “complejo”, en el que todo lo relacionado con lo sanitario está a cargo del Ministerio y las secretarías de Salud. En el caso de la principal central, Corabastos, en Bogotá, se han registrado 40 contagios. En este lugar se mueven diariamente 75.000 personas, flujo que se ha ido disminuyendo a cerca de 50.000, según Zea, y el objetivo es que siga bajando.
“Estamos evaluando con la autoridad distrital qué medidas tomar en las bodegas con mayor número de casos”, dice el ministro. Sin embargo, el malestar de los trabajadores que han visto afectada su actividad económica se hizo sentir el jueves pasado, con una jornada de protestas. Según reportó este diario, una de las soluciones que busca la administración de la capital es que parte de la producción que llegaba a Corabastos sea llevada a otras plazas de mercado.
Algunas necesidades
La crisis que atraviesa el país podría agravar aún más algunas realidades del campo, como la migración hacia las ciudades por falta de oportunidades y, en consecuencia, el relevo generacional. En 2017, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) presentó un estudio según el cual 12 % de los jóvenes rurales (entre 14 y 28 años) deja el campo: más de la mitad de las mujeres (55 %) lo hacía en busca de mejores oportunidades laborales, frente a 31,3 % de hombres que migraban por la misma razón.
Ahora, las cosechas echadas a pérdida y la falta de capital para reinvertir en los cultivos, dice Jiménez (de la ANUC), puede llevar a que los productores abandonen sus cultivos e incluso se vayan para la ciudad. Por eso, insiste en la necesidad de que se inyecten recursos a un sector que, en regiones del país como Cundinamarca, Boyacá, Santander y Nariño, ya venía afectado desde principios de año por el fenómeno de heladas y, ahora, por la falta de lluvias, que, por cierto, tiene a los embalses del sistema interconectado nacional en niveles mínimos.
Sin embargo, sobre esa necesidad de recursos está la sombra del manejo que se le dio a la línea de crédito Colombia Agro Produce —puesta en marcha a raíz de la emergencia—, a través de Finagro, y sobre el cual alertaron organismos como la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la Nación. Esta última recientemente elaboró un informe que dio cuenta —al igual que la CGR—, entre otras cosas, de que no se estaba cumpliendo el objetivo de beneficiar a los pequeños productores y, de hecho, recomendó evitar a los intermediarios financieros.
Según Zea, “cuando se hicieron los primeros informes se habían desembolsado $230.000 millones, pero la línea era muy joven, llevaba semana o semana y media y hoy está abierta sólo para pequeños productores”. Asegura que se cumplirá la premisa (mandatoria) de llegar al 40 % de desembolsos y subsidio a la tasa de interés destinados a pequeños productores (ver cifras de los desembolsos y subsidio a la tasa de interés en las cifras anexas).
A la pregunta de qué correctivos han tomado a partir de lo señalado por la Procuraduría y la CGR, respondió: “A partir de los informes y conceptos de los organismos de control, hemos extremado los controles para que estos recursos les lleguen a los productores del campo, pequeños y medianos productores; eso se ve en los resultados”. Y agregó: “Cuando lleguemos a la meta del 40 % del subsidio y 40 % de desembolsos para pequeños productores, podremos nuevamente inyectar recursos a esta línea para que continúe con su función de dar liquidez a todo el sector productivo: pequeños, medianos y grandes productores”.
Otro gran problema que están enfrentando los productores, y que señala no sólo la ANUC, sino gremios como Fedearroz y Fedepapa, es el alto costo de los insumos agropecuarios. En un principio, esto fue en gran parte efecto del incremento de la tasa de cambio del peso colombiano con el dólar, que sobrepasó los $4.000. Sin embargo, en los últimos días esta volvió a bajar de los $3.600, por lo que tanto el Gobierno como los agricultores esperan que los precios de productos como los fertilizantes bajen. El ministro de Agricultura aseguró que en los próximos días, junto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se iniciará la repartición de “kits”, con semillas y fertilizantes, en zonas “en donde ha habido dificultades, por ejemplo en Boyacá, donde hubo muchas dificultades por las heladas”.
Cambios estructurales
Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, le dijo a este diario que, pese a que el sector ha seguido su marcha por su carácter indispensable para el país, no se puede afirmar que el efecto de la crisis sobre el agro haya sido “neutro”. Así se dijo a partir de un informe del Banco que se filtró, según Mejía, sin haber sido revisado. De acuerdo con el directivo, hay que observar cada caso. Por ejemplo, hay actividades que han podido sacar adelante sus cosechas y que de hecho están viviendo buenas condiciones de precios —como la caficultura—. Otras, como la avicultura, han visto una disminución en el consumo de carne de pollo, pero un incremento en el de huevo —una de las proteínas animales más asequibles para los hogares—.
Sin embargo, hay otros casos como el de la floricultura, que vivió una fecha tan importante en sus ventas como el Día de la Madre en plena pandemia. Según el gremio de exportadores, Asocolflores, sus ventas externas han caído 80 % en medio de esta crisis. Augusto Solano, presidente de esa asociación, ha insistido en que una de sus mayores preocupaciones es que se puedan mantener alrededor de 140.000 empleos formales que generan estos cultivos.
En abril, como un todo, el país llegó a cifras de desempleo que no se veían desde hace 20 años. En el agro también se perdieron puestos de trabajo (-3,5 % en el período febrero-abril), aunque no de la misma forma que otros sectores, por ejemplo, las manufacturas o las actividades de entretenimiento (18 % y 21 %, respectivamente). Para el presidente de la ANUC, es claro que a medida que avance la crisis, al tiempo que se fomentan las importaciones, muchos más trabajadores del campo perderán su ocupación.
Se refiere a medidas como la suspensión de los aranceles a la importación de maíz, soya y sorgo, que se implementó en marzo pasado, con el fin de aliviar costos que se habían incrementado —también por el dólar— en sectores como el avícola, pues esos cereales son materia prima de los alimentos balanceados. A la medida se opuso la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce). Según dijo el gremio en ese momento, la producción nacional “debe fomentarse y no sacrificarse por culpa de la pandemia”.
El ministro Zea recalcó que esta es una medida “transitoria” que va hasta el próximo 30 de junio. Sustituir importaciones es, al igual que el de muchos ministros que han pasado por esa cartera, el objetivo a mediano y largo plazo. “Propusimos una gran mesa de concertación en donde estén Fenalce, la industria de alimentos balanceados, la industria que consume maíz blanco (para consumo humano) y el sector académico y de investigación”, con el fin de trabajar en el ordenamiento de la producción.
Esto es: tomar decisiones relacionadas con la producción teniendo en cuenta factores como la ubicación de los centros de consumo, disponibilidad de tierras y condiciones climáticas, entre otros, y apuntar a la mecanización en la recolección “para aumentar productividad, tener precios y volúmenes competitivos y poder empezar a sustituir importaciones”, dice Rodolfo Zea.
Por la importancia que en medio de esta coyuntura ha demostrado tener el sector agropecuario, según Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, “tanto el Gobierno como el Congreso tienen la oportunidad histórica para tomar decisiones que tengan un impacto estructural en el desarrollo del campo”, escribió en su más reciente editorial. La construcción o recuperación de vías terciarias (de las cuales hay 175.000 kilómetros y apenas 10 % de ellas en buen estado), dice, generaría empleo, reduciría costos de transporte, aumentaría la competitividad de los productos del campo y permitiría que lleguen otros servicios del Estado. Asimismo, las reformas laborales para disminuir el 80 % de informalidad en el campo están, según él, entre los puntos prioritarios.
Y otro punto, igualmente de vieja data: las tierras. El intento del gobierno anterior por reformar la Ley 160 de 1994 (ley de reforma agraria) fue archivado, y el exministro de Agricultura de este gobierno, Andrés Valencia, había dicho que estaban en una “revisión jurídica” antes de volverlo a presentar. A la pregunta sobre si el próximo 20 de julio el Gobierno presentará una propuesta en la materia, Zea, quien reconoce la “complejidad del tema”, respondió: “Estamos haciendo los estudios de los proyectos que deberíamos presentar, tenemos un abanico bastante grande y tenemos que focalizarnos en qué debemos trabajar”.
Muchos y complejos son los problemas por resolver que tiene el agro colombiano, y la pandemia no está haciendo más fácil la tarea. Espacios como el Consejo Nacional Agropecuario son los llamados a mantener las discusiones sobre los asuntos transversales y estructurales del sector, y así lo reconoció el ministro Rodolfo Zea. Organizaciones como la ANUC confían en que este sea convocado y que las soluciones de fondo que demandan los productores no se dejen de buscar a pesar de la coyuntura. Como quien dice: que lo urgente también deje espacio para lo importante.
Cifras de la línea de crédito Colombia Agro Produce (a 4 de junio)
22 % del valor de crédito ha ido a 12.135 pequeños productores (debe llegar al 40 %).
50 % del crédito ha ido a 1.851 medianos productores (estos desembolsos están congelados).
28 % ha ido a 64 grandes productores (desembolsos congelados hasta llegar a 40 % en pequeños productores).
42 % del subsidio a la tasa de interés para pequeños productores ha sido ejecutado.
100% del subsidio a la tasa a medianos productores ha sido ejecutado.
100% del subsidio a la tasa para grandes productores ha sido ejecutado.