Ejerciendo el poder y los recursos del gobierno de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha usado algunas de las instituciones nacionales más importantes en un intento de cambiar el curso de la elección presidencial de este domingo, según observadores electorales independientes y exfuncionarios del partido.
El procurador general, nombrado por el presidente, ha acusado públicamente a uno de los principales candidatos de la oposición de delitos graves sin presentar suficiente evidencia. De igual modo, las decisiones de un tribunal especial que supervisa la elección, nombrado por un Congreso con mayoría priista, han sido criticadas rotundamente.
Las tácticas agresivas no son nuevas en la política mexicana, pero el abuso de las instituciones estatales de parte del PRI es una asombrosa escalada para un partido en el poder.
A principios del año pasado, en vista de algunas encuestas con resultados abismales y un fuerte opositor en la contienda presidencial, la ahora desaparecida firma Cambridge Analytica se acercó al partido. Ofreció ayudar al PRI a ganar, tal como lo había hecho con Donald Trump, según una propuesta de 57 páginas que la compañía elaboró y que The New York Times obtuvo.
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El PRI revisó la propuesta durante meses, pero al final decidió que no necesitaba pagar millones de dólares a un extranjero para hacer una campaña sucia, según tres personas familiarizadas con las negociaciones. Podía hacer eso por cuenta propia. No obstante, como muestra de las medidas extremas que el partido estaba dispuesto a adoptar para asegurar su posición, acabó pagándole a Cambridge para que la empresa no trabajara para nadie más, según dos personas familiarizadas con las negociaciones.
“Lo que están haciendo es tomar la poca credibilidad y la confianza que hay en nuestras instituciones y las están tirando a la basura”, dijo Ignacio Morales Lechuga, quien fue procurador general de la República durante la década de 1990, cuando el PRI también era el partido gobernante. “Eso enfatiza el débil Estado de derecho que tenemos aquí y señala su deseo de hacer lo que sea para quedarse en el poder”. La Procuraduría General de la República, que anunció su investigación contra el candidato de la oposición, Ricardo Anaya, en febrero, no ha presentado ningún cargo ni ha ofrecido mucha evidencia, lo cual ha dado lugar a quejas generalizadas de que el partido gobernante está tratando de sesgar las elecciones.
Mientras tanto, el tribunal especial rechazó dos auditorías al gasto de campaña indebido del partido en el poder, invalidó a los reguladores que tratan de analizar la posible compra de votos y permitió que una campaña presidencial mancillada apareciera en las boletas, una estrategia que podría restarle votos a la oposición, dicen los encuestadores.
Además de eso, el dinero para los observadores electorales ha caído en picada, mientras el gasto en tarjetas de regalo para los electores y los servicios sociales ha aumentado en meses recientes. Esas tácticas se han usado desde hace mucho para ganar el voto de los pobres en México, dicen los observadores electorales.
Durante más de 70 años, el PRI ha dominado el paisaje político de la nación. Sin embargo, ahora el partido parece estar encaminándose a una derrota arrolladora entre escándalos de corrupción y niveles elevados de violencia sin precedentes.
La búsqueda desesperada del PRI para obtener ventaja condujo a las negociaciones con Cambridge Analytica, cuyos datos completos no se habían dado a conocer antes.
La propuesta de la empresa comenzó a circular en 2017, cuando Enrique Ochoa, expresidente del PRI, estaba buscando soluciones para evitar que el partido se derrumbara. En aquella época, Cambridge Analytica, consultora de datos para la campaña de Trump en los meses previos a la elección de 2016, había establecido una sucursal en México. El PRI era la elección evidente: era el partido más grande y necesitaba ayuda desesperadamente.
El presidente Enrique Peña Nieto padecía los índices de aprobación más bajos que haya tenido un presidente mexicano en 25 años, y Cambridge prometió ayudar al partido a conseguir una derrota sorpresiva y extraordinaria.
En su discurso de venta, la empresa prometió que a cambio de US$7,2 millones mejoraría la imagen decaída del PRI y acabaría con la reputación de su más grande competidor, Andrés Manuel López Obrador, líder de las encuestas. “Usando técnicas similares a las que se emplearon contra Hillary Clinton en la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos”, Cambridge Analytica prometió orquestar “una poderosa estrategia de campaña negativa para debilitar” a López Obrador.
No obstante, los funcionarios del PRI determinaron que el tipo de objetivos que la compañía afirmaba haber tenido en Estados Unidos no funcionarían en México, según la gente familiarizada con las negociaciones. Los datos de los electores en México no eran lo suficientemente granulares, dijeron.
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Cambridge Analytica, que estuvo bajo un intenso escrutinio después de que se dio a conocer que obtuvo información de decenas de millones de usuarios de Facebook, se declaró en quiebra en mayo. La empresa declinó comentar sobre las negociaciones con México y el PRI negó estar relacionado de alguna forma con Cambridge Analytica.
Las tácticas del PRI han provocado una respuesta negativa. Varios mexicanos destacados —entre ellos académicos, activistas y exfuncionarios— han exhortado públicamente al presidente a dejar de intervenir en las elecciones. Un poderoso organismo empresarial hizo lo mismo.
“Cuando cruzas una línea como esa en este país, en realidad no hay nada más que te detenga”, opinó Gustavo de Hoyos Walther, director del grupo empresarial conocido como Coparmex.
Cruzar líneas es algo que sucede comúnmente en la política mexicana y se extiende más allá de un partido en una elección, pero De Hoyos Walther y otros manifestaron su preocupación sobre el efecto en las instituciones mexicanas.
El dinero para los observadores electorales ha disminuido un 81 % desde la última elección presidencial, en 2012, según un estudio reciente de una organización sin fines de lucro, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Además, muchos mexicanos argumentan que la máxima autoridad electoral en el país está amañada: el tribunal especial nombrado para supervisar a las autoridades electorales y, en última instancia, validar las elecciones. Casi en cada ocasión, la decisión de ese tribunal ha sido en contra de los reguladores responsables de salvaguardar la integridad del voto.
(Paulina Villegas colaboró con este reportaje).