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El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales puso al Gobierno colombiano a la defensiva luego de que The New York Times asegurara en un artículo publicado el pasado sábado que el Ejército supuestamente ordenó a las tropas incrementar resultados operacionales, lo que pondría en riesgo la vida de civiles. Tras las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en las que rechazó la publicación, el turno fue para el canciller Carlos Holmes Trujillo.
En una carta dirigida al editor del periódico estadounidensee, el funcionario asegura que los hechos descritos en el texto describen una visión "tendenciosa, distorcionada y parcializada de los esfuerzos del estado colombiano y sus fuerzas armadas por estabilizar la situación en el territorio colombiano para garantizar órden y seguridad".
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En el artículo del periodista Nicholas Casey, publicado el sábado, se resumen directrices del alto mando militar que llegó en diciembre pasado, con el general Nicacio Martínez a la cabeza del Ejército, que podrían facilitar la reaparición de los falsos positivos. Por ejemplo, “no exigir la perfección para realizar operaciones, hay que lanzar operaciones con un 60 - 70 % de credibilidad y exactitud”.
Diez horas después de hablar en rueda de prensa, sin embargo, el Ejército tomó la decisión de cambiar una de las mencionadas directrices. Se trata del documento “Planteamiento de objetivos 2019”, con el cual se pidió a los comandantes de divisiones y unidades a señalar los resultados operacionales de 2018 y se les ordenó duplicarlos en 2019. Uno de los cuestionamientos al Ejército fue si, con esa directriz, se podía acaso generar tal presión sobre las tropas al punto de poner en riesgo a la población civil. El comandante del Ejército, Nicacio Martínez, dijo que no, pero que la directriz se modificaría para evitar malinterpretaciones.
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La Cancillería, en su carta, señala que para llegar al título del artículo, “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, el autor utilizó entrevistas con oficiales anónimos y entrevistas parcializadas y sacadas de contexto. Además, aseguró que el actual reglamento de las Fuerzas Armadas colombianas obliga a sus miembros a someterse a "programas y capacitaciones en Derechos Humanos y leyes humanitarias internacionales, además de monitoreos en los operativos que se realizan".
Ya es sabido lo que esa práctica dentro del Ejército le costó al país. Según cifras de la Fiscalía, van más de 2.000 investigaciones, hay más de 10.000 personas procesadas (la mayoría militares, y de ellos la mayoría soldados) y el número de víctimas sobrepasa las 2.200. Por eso, la Cancillería remató asegurando que el compromiso de trabajar para asegurar la seguridad de los colombianos en el marco legal sigue intacto. "El Gobierno colombiano está firme en exigirle a las Fuerzas Armadas que trabajen fuertemente en perseguir a los criminales y perpetradores de violencia, siempre cumpliendo con total respeto la ley y la Constitució".