Hace 25 años, en medio de la arremetida de los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) contra abogados, familiares o personas cercanas al capo de capos, el 29 de mayo de 1993 se entregó a la justicia Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell. Este personaje, casi desconocido, que perteneció al círculo del jefe del cartel de Medellín, fue condenado a 17 años de prisión, pero hoy está libre. Ayer rindió indagatoria por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, ocurrido el 17 de diciembre de 1986.
El otro exintegrante del cartel de Medellín que fue citado a la Fiscalía por el caso Cano Isaza es John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, hoy detenido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Lo hizo el pasado miércoles 28 de noviembre. De su tiempo en la cárcel durante 24 años, o de sus andanzas junto a Pablo Escobar que ha admitido públicamente, sin sonrojo alguno para detallar sus crímenes, se conoce mucho. No tanto sobre su relación directa con el asesinato del director de El Espectador. Ahora la Fiscalía quiere saber más y por eso lo escuchó en indagatoria en donde pidió saber más del proceso antes de hablar de los que sabe sobre el capo Escobar.
Hace ocho años, en julio del 2010, la Fiscalía declaró el crimen de Guillermo Cano como de lesa humanidad, es decir, imprescriptible. Desde ese momento hasta el presente, es la primera vez que el ente investigador adopta una decisión de fondo. Popeye habló del caso en mayo de 1994, y en esa ocasión manifestó que se había enterado de los detalles de lo sucedido por boca de El Negro Pabón, quien participó con él en el secuestro de Andrés Pastrana, en enero de 1988. Ahora, la Fiscalía quiere volver a escuchar a Popeye, pero esta vez como sindicado.
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La incógnita mayor radica ahora en saber por qué junto a Popeye, la Fiscalía decidió oír también en indagatoria a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell, y qué puede saber este antiguo estrecho colaborador de Pablo Escobar. Es poco lo que ha trascendido sobre este personaje. Cuando se sometió a la justicia, en mayo de 1993, declaró que había estudiado cinco años de derecho en la Universidad de Medellín. Después admitió que no era abogado titulado, pero quedó claro que, con el conocimiento que tenía, fue un hombre clave para el cartel de Medellín.
En calidad de asesor jurídico de la organización criminal, Gutiérrez Arrubla o Maxwell falseó documentos públicos y escrituras para concretar el despojo de bienes inmuebles a víctimas del cartel de Medellín. Además del proceso en su contra, se sabe que fue funcionario público en el municipio de La Estrella (Antioquia), por los días en que estalló la guerra de Pablo Escobar contra el Estado y la sociedad colombiana. Incluso, fue candidato a la Alcaldía de ese municipio, en momentos en que el capo de capos estaba obsesionado por posicionarse políticamente.
Eso explica por qué es un sujeto con muchos secretos del cartel de Medellín, pero que pasó de agache respecto a sus obligaciones con la justicia. Lo que sí está claro es que sí hizo parte del grupo de asesores directos de Pablo Escobar, y que decidió entregarse a la justicia cuando Los Pepes desplegaron su ofensiva criminal en 1993. De hecho, la semana previa a su entrega a la Fiscalía, su hermano Juan Diego, que administraba una finca, fue asesinado a tiros. Por esos mismos días, también cayeron abatidos por Los Pepes tres de los hombres al servicio de la organización criminal.
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La ofensiva de Los Pepes, simultánea a la desbandada de los asesores de Escobar Gaviria para ponerse a salvo, entregándose a la justicia, tuvo un detonante principal: la muerte de Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, jefe militar del cartel de Medellín, abatido por el Bloque de Búsqueda de la Policía el 19 de marzo de 1993. De Gutiérrez Arrubla llegó a decirse que había sustituido a El Chopo, y que su verdadero apodo en el cartel era La Trapeadora. Los acertijos sobre su verdadero papel en la mafia podrían comenzar a ser develados este 4 de diciembre.
Del paso de Maxwell por la justicia lo único que se sabe es que conoció de múltiples atentados con dinamita en Medellín y Bogotá; del robo de un avión de la base aérea de Catam en marzo de 1988 para llevarlo hasta la hacienda Nápoles; y también de la forma cómo se enteró de detalles del asesinato de los Moncada y los Galeano, socios de Pablo Escobar, asesinados por el propio capo en 1992. No obstante, a partir de su entrega, el hecho más notorio es su permanente cambio de abogados, aceptando su participación en varios hechos de violencia, sin detallarlos.
En marzo de 1999, un juez lo condenó a 20 años de prisión por múltiples delitos. Su pena no fue mayor porque se vio amparado por las sucesivas normas que hicieron parte de la política de sometimiento a la justicia en la era de César Gaviria. Entre ellas, la Ley 81 de 1993, que volvió permanente el “outlet jurídico” de la rebaja de penas. Su sentencia fue apelada y, un año después, se le redujo a 17 años y 4 meses de prisión. En octubre del 2003, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal. Es decir, ya llevaba diez años privado de la libertad.
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Seguramente por la acostumbrada feria de rebajas de la justicia colombiana, Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla o Maxwell o La Trapeadora, quedó en libertad en los siguientes años. Ahora está citado a indagatoria. En la cita, le pidió al ente investigador más información sobre el caso antes de seguir hablando. Lo único claro que tienen las autoridades es que no fue un simple sicario del cartel de Medellín. Él mismo insistió ante la justicia que no hizo parte del grupo de los asesinos. Es decir, que fue un integrante de la organización de mayor perfil, incluso con conocimiento jurídico para delinquir.
Su certificado de antecedentes disciplinarios ratifica que fue condenado por secuestro simple y extorsivo, falsedad material en documento público, concierto para delinquir y omisión de informes sobre actividades terroristas. Además, que tiene una inhabilidad para contratar con el Estado hasta el año 2020. Esta sanción, sin embargo, está asociada a algo completamente distinto a sus actividades con el cartel de Medellín: la declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera en septiembre del 2015, del que no hay mayores detalles. También aparece gestionando una licencia ambiental para explotar arenas y gravas silíceas.
Ahora, a través de su declaración, la Fiscalía busca darle aire a la engavetada investigación por el magnicidio del director de El Espectador, que partió de una compleja operación para proveer el dinero con que se pagó el crimen, y por la participación de Luis Carlos Molina Yepes, acaudalado cambista de cheques que fungió como banquero del cartel de Medellín. De esas vueltas pudo haberse enterado Maxwell. Para consumar el asesinato, como lo declaró Popeye, “no se necesitaba nada. Salía todos los días, a la misma hora del periódico, sin escoltas”.
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