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Hernando Herrera Mercado es abogado de la Universidad del Rosario y, hasta la semana pasada, su voz se podía escuchar en los programas mañaneros de la cadena radial Caracol Radio. Ahora, su experticia en temas legales estará enfocada en la Corporación Excelencia en la Justicia. La junta directiva de esta institución anunció que Hererra Mercado estará bajo la dirección de este centro de estudios, uno de los más importantes en esta materia en el país.
El jurista, además de ser catedrático en las universidades Externado, Javeriana, La Sabana y el Rosario, ha sido conjuez del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado. Asimismo, es el director de postgrado en arbitraje de su alma máter y ha sido consultor del Ministerio de Justicia y la Comisión Especial Legislativa.
¿Qué significa para usted este nombramiento?
Es muy importante esta designación porque la Corporación Excelencia en la Justicia es un órgano líder en materia de diagnóstico, evolución, promoción de la probidad y la transparencia en justicia. Creo que esta es una meta bastante interesante para cualquier abogado, sobre todo para cualquier estudioso en materia judicial.
¿Cuáles son los nuevos proyectos que quisiera implementar como nuevo director?
Lo primero es la promoción a todo nivel de la transparencia. Desafortunadamente en el sector justicia también se han evidenciado, de manera sectorizada, casos de corrupción y muchos de ellos han llegado a las altas cortes. Tenemos la evidencia de lo que pasó en la Corte Constitucional, de lo que pasó en la Corte Suprema y en el Consejo Superior de la Judicatura, con pocos magistrados, pero que igual el país merece una respuesta inmediata de los órganos judiciales para efectos de clarificar qué fue lo que pasó con casos como el cartel de toga.
(Lea: Seis lecturas para entender el cartel de la toga)
En términos concretos, cuáles son los proyectos?
La Corporación, bajo mi gestión, va a ser un organismo absolutamente punzante, contundente y radical en la lucha anticorrupción en el sector judicial, sobre todo en lo que refiere a las altas cortes. En lo segundo, también será elemento fundamental el tema de víctimas en la medida en que estamos bajo la introducción de un nuevo esquema de justicia. Buscaremos que sean debidamente reparados sus derechos dado que ellos fueron la punta más delgada de la confrontación que vivió o que sigue viviendo el país. Y el tercer punto será una vigilancia al ingreso de personal calificado a la rama judicial.
¿A qué se refiere?
Queremos que lleguen los mejores profesionales a la administración judicial en todo sentido, en toda categoría y en todo nivel, con muchísimo más sigilo y certeza. Queremos altas cortes en las cuales se privilegie la pluridisciplinalidad. Es decir, que no vengan solamente de la rama sino también de la academia y del litigio.
De ahora en adelante su principal tarea será la de examinar a profundidad el funcionamiento de la administración de justicia ¿Cómo lograrlo?
Creo que además de esta reforma a la justicia de la que se está hablando, vamos a estar muy volcados en seguimiento para garantizar el debido acceso ciudadano de la justicia. Esto tiene que ver ya no con los órganos que administran justicia, sino específicamente con la ingeniería del sistema. Es decir, vamos a revisar si existen o no en Colombia demasiados recursos. No es lógico, ni afortunado bajo ninguna premisa, que en Colombia para resolver un litigio estemos hablando de siete instancias. Será objetivo de esta Corporación hacer un examen juicioso para ver si los procedimientos le están cumpliendo al ciudadano común para llegar a una pronta y rápida resolución de sus controversias o de sus conflictos.
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En los últimos años, la justicia colombiana ha sido protagonista de más de un escándalo de corrupción. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo recuperar la credibilidad en la justicia?
Leía hace poco a un autor que decía que cuando los países tienen regulares o malas leyes subsisten si sus jueces son buenos. Pero no pasa lo contrario, si tenemos leyes regulares o incluso leyes buenas, y jueces malos, ahí si no hay absolutamente ninguna solución viable. Por eso lo más importante es el talento humano. El operador judicial, las personas que están accediendo a esos niveles de justicia que no solamente habla de los jueces, de los magistrados sino de todo el entorno judicial. Por eso tenemos que revisar cómo se está ejerciendo la profesión.
¿Y ahí se podría hablar también de la formación de los abogados?
La Corporación tiene una preocupación en este aspectos. Sobre todo frente al tema de la ética. Queremos, adicionalmente, que las entidades pertinentes a nivel gubernamental hagan una revisión exhaustiva en las diferentes facultades de Derecho para verificar que ellas cumplan con sus objetivos visionales.
¿Cómo cree que se le puede devolver la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia?
Yo creo que, si hacemos un balance y a mí me consta, habiendo ejercido mi profesión durante más de 25 años en los estrados judiciales y arbitrales, que la inmensa mayoría de los funcionarios en materia de justicia son probos, decentes y transparentes. Desafortunadamente esos casos son los que han empañado el sector. Por eso, de llegar a comprobarse responsabilidades penales de magistrados alta corte o de funcionarios judiciales de cualquier naturaleza, lo que se impone es que prospere la justicia con la mayor contundencia posible. Ahí no cabe la excepción, ni la contemplación. Se necesita ser absolutamente radical.
¿Es decir que el problema de la falta de credibilidad en el sistema se resuelve con la misma justicia?
No es posible que en el caso del cartel de la toga hayan varios expresidentes de la Corte Suprema de Justicia involucrados en el escándalo. Pero lo que tampoco es posible es que esos casos permanezcan sin resolución oportuna. Tenemos que exigirles a los entes que tienen las determinaciones sobre ese particular como por ejemplo el Congreso, la Corte, o la justicia ordinaria, que se adopten las decisiones que correspondan, obviamente dentro de los lineamientos de la presunción de inocencia. Pero si hay responsabilidad, que haya también las mayores penas posibles.
¿Qué otras dificultades pueden estar atravesando la justicia y cómo se pueden superar?
La justicia está atravesando unas problemáticas que están sobrediagnosticadas: la congestión y morosidad. Congestión, porque existen millones de procesos represados en la rama. Y morosidad, porque la resolución de las controversias judicialmente hablando se están demorando mucho. Esos dos elementos hay que superarlos.
¿Cómo?
Lo que nos indica la experiencia es que, creando nuevos jueces, por ejemplo, no es suficiente para disminuir la descongestión. Por lo tanto, debe ser un propósito fundamental crear métodos y fortalecer otros que sean alternativos de solución de controversias como la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Y en cuanto a la morosidad se refiere, nos parece que se puede hacerse una reingienería de los procesos para que no sea simplemente un monumento al procedimiento, sino una garantía al acceso y tengamos trámites más rápidos.
Este año el Congreso avanza, muy lentamente, un acto legislativo con el cual se pretende reformar la justicia en varios aspectos. Para usted ¿cuál debe ser el punto principal de esta reforma?
Yo creo que hay varios elementos para tener en cuenta. Lo primero es el aumento de calidades para que las personas más idóneas lleguen hasta las altas magistraturas. Yo soy partidario de que se aumenten los requisitos en cuanto a experiencia y edad se refiere. Las personas con mucho más recorrido son las que deberían llegar a la rama. Allí la cúpula de la justicia pasaría a ser la finalización de una carrera y no, simplemente, la transición de una carrera profesional. Entonces vemos con muy buenos ojos el tema de que se eleve la edad mínima para ingresar a la rama a los 50 años y que también los años de experiencia se aumenten a 25 años. Vemos también con mucho anhelo despojar a las altas cortes de esas facultades electorales que a veces se han denominado "el regalo envenenado".
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Este año también se puso en marcha la Justicia Especial para la Paz (JEP). ¿Cuáles cree que son los retos de que se vienen para esta jurisdicción?
Yo creo que todo nuevo organismo dentro del Estado genera desencuentros institucionales, pero no por las personas que estén ahí, sino simplemente porque son procesos de ajuste. Ello pasó, por ejemplo, cuando se creó la Corte Constitucional. Recordemos que en ese momento se hablaba mucho del choque de trenes por los enfrentamientos entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por eso creo que este camino que empezaron a recorrer en días pasados el fiscal general y la presidente de la JEP es muy afortunado para efectos de que precisamente se ajusten esas funciones que cada uno tiene en ese escenario.
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¿Usted cree que en la Corte Constitucional hay un retroceso en materia de protección de derechos humanos?
Yo creo que la Corte Constitucional, esta específica promoción, ha hecho ajustes que en principio se antojan deseables. Me parece que la anterior promoción de magistrados cabalgó mucho sobre el populismo judicial. Debo también señalar que para esta Corporación es objetivo fundamental la defensa de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, y mucho más en el caso de poblaciones que lamentablemente han sido marginadas, como pasa con las mujeres. Entonces creo que la Corte le dio un muy buen mensaje al país sobre ese específico sentido con la más reciente decisión de dejar las reglas del aborto tal y como estaban.
Y qué pasa con el tema de las consultas mineras, por ejemplo...
Me parece que lo que hace esta Corte es volver al cauce de un elemento muy importante y es de quién es la propiedad del subsuelo. La propiedad del subsuelo es de la Nación. Eso no quiere decir entonces que vaya a proliferar de manera extensa, libre y sin ningún control esas actividades. Pero sí que vuelva al control tenente, que siempre lo debe gerenciar, en este caso, el sector central. Me parece muy importante los mecanismos de participación ciudadana, pero con varios elementos que no deben perderse de vista.
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¿Cómo cuáles?
Primero, que no se vayan a politizar. Es decir, a atribuirse o a generarse un raponazo por algún partido político de esas iniciativas que deben ser absolutamente ciudadanas. Y lo segundo, que siempre se desarrollen pensando siempre en el interés general.
¿Cómo ve el inicio de la primera instancia de aforados en la Corte Suprema de Justicia?
Creo que es una materia pendiente que tenía el Estado colombiano frente al juicio de los congresistas. Todo ciudadano, como derecho fundamental, debe tener esa posibilidad de una segunda instancia. Por lo tanto, lo vemos con muy buen suceso, no solamente lo que se refiere al tema penal, que lleva la Sala de Casación Penal de la Corte, sino también lo que tiene que ver con la pérdida de la investidura. Encuentro afortunado que exista segunda instancia, pero sin que eso vaya a generar impunidad.