“Ese embajador va a tener que responder ante la justicia colombiana”, dijo hace dos meses el fiscal Francisco Barbosa, en entrevista con Juan Lozano en RCN, refiriéndose a la indagación que hay en contra del exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, luego de que este año se hallara un laboratorio de cocaína en una finca vinculada a su familia. El proceso va así: ni la Fiscalía ha citado a Sanclemente para interrogatorio, ni los cinco hombres capturados en flagrancia en el predio han sido llamados a juicio. Sanclemente ha insistido en su inocencia, aunque el escándalo ya lo llevó a renunciar a su cargo diplomático.
El laboratorio fue encontrado el pasado 12 de febrero en la finca Haras de San Fernando, ubicada en zona rural de Guasca (Cundinamarca). La hacienda pertenece a una sociedad llamada Colinas de Guasca, que figura, por un lado, a nombre de sociedades de los padres del exembajador, el difunto conservador Fernando Sanclemente y Liliana Alzate, cada uno con un 25 %, y a la organización Inmobiliaria Dann, que controla el 50 % restante. El vínculo del exembajador con la hacienda viene por dos lados. En primer lugar, porque ha controlado la parte de la sociedad a nombre de su padre, quien falleció en 1988. Y porque casi nadie de su familia visitaba el predio, salvo él.
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El exembajador ha dicho que su familia no estaba en control del lugar desde junio de 2017, fecha en que él, como representante legal de Colinas de Guasca, arrendó 23 de las 150 hectáreas de la finca a agricultores de la región para cultivos de papa y cebolla. En concreto, según reza en el contrato que Sanclemente le hizo llegar a la Fiscalía, el papero Héctor Francisco Rincón Cotrino le pagaría a Colinas de Guasca $4’400.000 mensuales por el terreno, contrato que sigue vigente y que se vence este 15 de junio. Las utilidades de este negocio, y de la mayoría de la finca, solo le llegan a Sanclemente por un pacto entre socios, pero, según supo este diario, el exfuncionario, al parecer, omitió incluir este contrato en particular en la contabilidad de la sociedad.
Por los tres años en los que Rincón estuvo en poder de una parte de la finca, el exembajador ganó alrededor de $51 millones. Suma sobre la que habría tenido que pagar IVA y otros impuestos, si hubiera registrado el negocio en la contabilidad de la compañía. No obstante, en Colinas de Guasca se enteraron del contrato cuando Sanclemente lo mencionó en medios de comunicación como una forma de apartarse de cualquier posible nexo con el laboratorio de coca hallado. “Ningún Sanclemente pisó esa finca en el año y medio previo a que encontraran el laboratorio de cocaína. Y, además, estaba arrendada -parcialmente-”, le dijo una fuente de su defensa a este diario.
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Desde que Sanclemente -que también fue gerente de Transmilenio y director de la Aerocivil- se fue a Uruguay dejó la compañía y el manejo de la hacienda en manos de su hermano, el también abogado Gilberto Sanclemente. Sin embargo, según dijo una fuente cercana a la familia, “a Gilberto nunca le ha gustado la vida rural” y, por ende, desde que asumió como gerente en febrero de 2019 no visitaba el predio. Las fechas son determinantes, pues según le dijo a la Fiscalía el mayordomo que estaba al frente del lugar, Laureano Martínez, el laboratorio lo instalaron en septiembre del año pasado hombres fuertemente armados que llegaron al predio, lo amenazaron y anunciaron represalias si denunciaba.
En esa línea, la defensa de los Sanclemente ha sido que descuidaron sus labores como gerentes de la hacienda, pero que no tenían idea del laboratorio. Así lo declaró Gilberto Sanclemente en el ente investigativo cuando rindió entrevista el pasado 24 de febrero, diligencia en la que, según supo este diario, le informaron que él no estaba siendo investigado, a diferencia de su hermano que, según el fiscal Barbosa, “va a ser vinculado”. Incluso, su ayuda llevó a que las autoridades volvieran a la hacienda a recoger pruebas que dejaron por todo el predio en el primer allanamiento, como libretas en las que, al parecer, está la contabilidad que llevaban los hombres a cargo del laboratorio.
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Días después del allanamiento, Fernando Sanclemente le escribió al fiscal Barbosa poniéndose a su disposición para la investigación y pidiéndole datos específicos, como quién era el fiscal del caso. Fue así como, el 20 de febrero pasado, su hermano le escribió a la fiscal que lleva la investigación una carta en poder de este diario en la que advertía que “la Policía y la Fiscalía dejaron en el suelo las camas y otros espacios, ropa, cobija, morrales, relojes, enseres y demás material de uso personal de los delincuentes que consideramos pueden servir como pruebas y desconocemos si la Fiscalía ya inventarió. Nos preocupa que no hayan sido recogidos por su preservación y cadena de custodia”.
Esa supuesta negligencia en el manejo de la finca familiar le ha salido cara al exembajador. Por ejemplo, a él, a su familia y a sus socios, la inmobiliaria Dann, les queda difícil hasta pedir un préstamo en el banco, pues les piden explicaciones de las pesquisas en su contra. Sanclemente pidió reabrir la contabilidad de 2017 para legalizar, tres años después, el contrato de arrendamiento que firmó con Rincón Cotrino, según supo El Espectador. Se trata de un proceso de ajuste de los estados financieros que, de no haber de por medio una investigación por narcotráfico, sería de lo más normal.
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Varios miembros de la sociedad se negaron a reabrir los estados financieros sin tener claro primero si hacerlo les traerá más problemas con las autoridades. Por su parte, Rincón Cotrino le dijo a este diario que es ajeno a las actividades ilegales que se pudieron desarrollar en la finca o del manejo que haya dado el exembajador Sanclemente al negocio pactado. Asegura que, aunque se puso a disposición de la fiscal del caso, no lo han llamado a entrevista. Mientras tanto, además de las explicaciones que ya han dado a medios de comunicación y a la justicia, los hermanos Sanclemente deberán contarles a sus socios por qué no reportaron el contrato de arrendamiento.