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Parece una predestinación: político que llegue a la alcaldía de Buenaventura termina enredado en casos de corrupción. Eliécer Arboleda Torres, quien hace dos años y cuatro meses tomó posesión como alcalde del puerto, hoy fue capturado por supuestos actos de corrupción al interior del hospital de Buenaventura. Arboleda se suma a la larga lista de gobernantes que no terminaron sus periodos por ser capturados o retirados del cargo. Es más, desde 1988 solo dos mandatarios salieron bien librados.
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Junto a Arboleda fueron capturados tres secretarios de despacho, un asesor jurídico, un asesor de planeación y cuatro contratistas que habrían permitido que se perdieran alrededor de $5.000 millones de los $10.000 millones destinados a obras para el arreglo y transformación del hospital de Buenaventura. Según la Fiscalía, se trata del único centro asistencial público en el puerto y por estos actos de corrupción está en riesgo de derrumbarse en cualquier momento.
La historia de alcaldes acusados de corrupción en el puerto se remonta a 1988, cuando Édgar Roberto Carabalí Mallarino, médico y miembro del partido Liberal, ganó las primeras elecciones populares del puerto con 40.000 votos. Carablí salió de su cargo por supuestamente malversar fondos que provenían del pago de impuestos de Colpuertos. La investigación no prosperó y lo absolvieron.
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Luego fueron electos los políticos liberales Bernardino Abad Quiñones (1990) y Edinson Delgado (1992), quienes nunca se vieron envueltos en casos de corrupción. Ya en 1995 fue escogido como alcalde el liberal Felix Ocoró Minotta, quien en junio de 1997 fue capturado porque al parecer pagó nóminas paralelas. Estuvo preso cuatro meses y recuperó su libertad con el argumento de que no se encontraron méritos para que continuara en la cárcel.
En medio de una grave crisis, Fredy Salas se convirtió en el nuevo gobernante del puerto para el periodo 1998-2000. A pesar de que nunca estuvo implicado en casos de corrupción, fue asesinado al terminar su mandato. Su muerte sigue siendo un misterio. El médico Jaime Mosquera Borja, también del partido Liberal, sucedió a Salas. Estuvo al frente de la alcaldía de Buenaventura desde 2001 hasta 2003.
Mosquera y su familia terminaron en el exilio, pues en el final de su mandato las amenazas de muerte en su contra no cesaban, lo que provocó que huyera a Estados Unidos. El siguiente en llegar a la alcaldía del puerto fue Saulo Quiñones, el séptimo liberal en línea que ganaba las elecciones. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2004, cuando llevaba menos de un año en el cargo, Quiñones firmó 190 contratos para la adecuación y construcción de colegios en zona rural.
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Según las autoridades, en esas movidas se perdieron $700 millones. Quiñones resultó condenado y en casa por cárcel. El siguiente en la lista de alcaldes que terminaron presos por corrupción era un viejo conocido: José Felix Ocoró Minotta. A diferencia de la investigación por las nóminas paralelas, en esta oportunidad no alcanzó a terminar su periodo porque lo arrestaron por los delitos de peculado por apropiación e interés indebida en la celebración de contratos.
Ocoró, quien ganó las elecciones para el periodo 2008-2011 siendo el candidato del desaparecido Partido Convergencia Ciudadana, fue condenado en 2015 a más de 18 años de cárcel luego de que se demostrara que vendió un lote del municipio a cambio de otras propiedades que tenían un costo muy inferior a lo pactado en el negocio, ocasionando un detrimento patrimonial de casi $400 millones.
La historia del noveno alcalde por elección popular de Buenaventura no fue distinta. El liberal Bartolo Valencia Ramos, quien fue electo en septiembre de 2014, terminó en prisión por supuestamente adjudicar contratos a quienes habían financiado su campaña. La Fiscalía descubrió que Valencia destinó $919 millones para el apoyo a alumnos ficticios. A pesar de estos antecedentes, el fantasma de la corrupción no desapareció en la administración de Eliécer Arboleda.
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Luego de prometer en campaña que su mandato iba a ser transparente y que su carrera como funcionario público demostraba su honestidad, Arboleda terminó inmerso en un nuevo escándalo de corrupción en Buenaventura. El hombre que fue concejal durante dos periodos, edil de la Junta Administradora Local y presidente del Partido de La U en el puerto, fue capturado por la Fiscalía luego de que, en menos de cuatro meses, se cayera en dos oportunidades gran parte de la fachada del hospital de Buenaventura a cuasa de fuertes lluvias, y a pesar de que se había invertido miles de millones para su arreglo.
En pocas palabras, la Alcaldía de Buenaventura ha estado permeada por la corrupción rampante. De los 10 alcaldes uno terminó muerto, otro exiliado, seis en líos judiciales y solo dos finalizaron su gestión sin problema alguno. La mayoría de los escándalos han estado relacionados con dineros de la educación y la salud, como sucedió con Arboleda. Según la Fiscalía, es tan grave el hecho que el puerto podría quedarse sin servicios médicos públicos, pues ante la falta de estudios de diseño sísmico es imposible que las remodelaciones al hospital eviten que se derrumbe.