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Han sido por lo menos dos los desencuentros entre el gobierno Duque y Naciones Unidas por cuenta del Acuerdo de Paz. El primero enfrentó a Alberto Brunori, representante de la alta comisionada de DD.HH. de la ONU en Colombia, y a Guillermo Fernández de Soto, embajador del país ante la organización, a raíz de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras Brunori exigió la inmediata sanción de la ley, lo que implicaba el retiro de los reparos hechos, el diplomático calificó la petición de una injerencia indebida a la actual administración.
Cuando se creyeron zanjadas las asperezas, pues la Corte Constitucional ratificó que las objeciones se hundieron por trámite en el Congreso, obligando al presidente a sancionar la ley de la JEP, un nuevo tema derivado del Acuerdo fue la manzana de la discordia: los asesinatos a los excombatientes de las Farc. Un informe de junio de los relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que el Gobierno incita la violencia contra los desmovilizados. “Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un ‘aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal’, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”, replicó Emilio Archila, consejero para la Estabilización.
Aunque el encontrón pareció reducirse a pronunciamientos de rechazo, el tema de homicidios a excombatientes fue el que tuvo más énfasis en el último informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia entregado al Consejo de Seguridad de la misma organización. En el documento, se le pidió al Gobierno llegar a las regiones con más presencia de grupos armados, por la ausencia de las Farc tras la dejación de las armas, e inyectar de más recursos a las estrategias planteadas para la protección de los reincorporados. Las cifras hablan de 123 asesinatos, 10 desaparecidos y 17 tentativas de homicidios a esta población.
Bajo ese panorama, esta semana el presidente Iván Duque se reunirá con delegados del Consejo de Seguridad para evaluar los avances de la implementación del Acuerdo en su administración, encuentro en el que se prevé que el primer mandatario exaltará, principalmente, el apoyo del Gobierno a los procesos de reincorporación y proyectos productivos de los exguerrilleros, punto en que la ONU invirtió en el pasado marzo US$3 millones al Fondo para la Consolidación de la Paz.
Pero antes de verse cara a cara con los miembros de Naciones Unidas, prevista para el viernes, además de una visita a un ETCR, hoy el jefe de Estado se reunió con Eamon Gilmore, enviado especial para la Paz de la Unión Europea (UE), quien ha defendido arduamente, entre otros temas, la independencia de la JEP. Igualmente, tras sancionada la ley estatutaria del tribunal transicional, el eje central del encuentro del mandatario con el diplomático europeo fueron la ratificación de los compromisos, los proyectos productivos y la situación de los excombatientes y los líderes sociales.
“Expresamos nuestra preocupación por los problemas de seguridad que aún persisten en muchas partes del país, en particular el asesinato y amenazas contra líderes sociales y excombatientes y también los defensores de derechos humanos. El presidente nos expresó su fuerte compromiso de ocuparse de ese problema desde la perspectiva de la protección, pero también la investigación de estos crímenes y de llevar a la justicia a los responsables y a los autores”, dijo Gilmore.
La visita de Gilmore responde a una nueva estrategia de la UE para el fortalecimiento de las investigaciones de los casos de homicidios a líderes sociales. Según Indepaz y Marcha Patriótica fueron asesinados 702 líderes desde la firma del Acuerdo hasta mayo de 2019. Aunque aún no han sido revelados los detalles de esta iniciativa, se cree que el músculo de inversión ayudará al Estado a dar frente a esta problemática que enfrenta al país.
Las reuniones de esta semana tienen como telón de fondo, además, el caso de "Jesús Santrich" y su supuesta huida a territorio venezolano. El 9 de julio, el ahora representante a la Cámara tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de narcotráfico. Hay quienes dicen que sus abogados preparan una petición para posponer la fecha para luego de que se resuelva el recurso de apelación que hizo la Procuraduría a la decisión de la JEP que lo cobijó con el beneficio de no extradición, tras no contar con las pruebas suficientes que determinaran que los hechos fueron posteriores a la firma del Acuerdo de Paz. Gilmore en su pronunciamiento tras concluir la reunión hizo un llamado a "Santrich" para que asista a la audiencia, por su parte, Archila ha reiterado ante la opinión pública que no se puede reducir la implementación de lo pactado con la situación del exguerrillero.
"En la reunión que se avecina, las Naciones Unidas va a escuchar al Gobierno, a miembros del partido FARC, al Congreso expresado a través de las comisiones de paz y a organizaciones de la sociedad civil. Sin lugar a dudas es una oportunidad importante para hacer un balance de la implementación", dijo el senador Iván Cepeda del Polo Democrático. Como voz de la oposición, manifestó que espera que el Ejecutivo asuma la responsabilidad y transparencias necesarias para evaluar la situación del proceso de paz.
El balance del Gobierno
Como se espera, el Gobierno sacará pecho de la implementación a través de los proyectos productivos. Han sido innumerables las veces que el Ejecutivo comparte sus cifras sobre los avances. “Recibimos dos proyectos productivos aprobados y tenemos 24. Y para poner esta cifra en su dimensión, hay que entender que un proyecto productivo es una empresa completa. Significa que hemos creado una empresa cada 15 días y la ruta de aquí en adelante es más ambiciosa. A 10 mil familias les armamos empresas completas, con estudios de mercado, con provisiones, con proveedores”, dijo Archila en entrevista con El Espectador.Lea: “‘Santrich’ es un pésimo ejemplo que nadie está siguendo”: Emilio Archila.
Pero también, el Gobierno hablará de los 14 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que diseñó, de un total de 16; de la extensión de los ETCR por tiempo indefinido; y de los recientes planes para la seguridad de los excombatientes: “Adoptamos más de 20 medidas, entre las que están 25 nuevos investigadores para la policía, la reubicación de fiscales, y en el caso de las amenazas, se llevan a una mesa técnica distinta de la UNP que presido yo, la valoración de riesgos la hacen excombatientes capacitados. La Fiscalía tiene un 50 % más de efectividad que en otros casos, el Estado está respondiendo”, hizo un balance el consejero para la Estabilización.