“Aquí la paz no ha sido posible”: gobernador de Nariño

¿Cuántas familias se acogieron al programa de sustitución voluntaria en Nariño?

Hay más de 50.000 familias que manifestaron su intención de hacer parte de la sustitución. Solo de Tumaco, las atendidas fueron 17.000, con un primer pago inicial de $2’000.000 a cada una de ellas. Imagínese lo distante que es esto a un programa integral de sustitución de cultivos. Además, ese dinero se les dio en diciembre de 2017. No tiene que ver con nada de lo que esperábamos, que era presencia integral del Estado en el territorio.

¿Cómo fue el trabajo con el Gobierno en cuanto a la sustitución de cultivos?

Lo que nosotros hicimos fue creer en la voz del Gobierno, que nos propuso sustitución de cultivos de uso ilícito. De hecho, la Gobernación, en convenio con la Federación de Departamentos, contó con 14 personas que recorrieron veredas y corregimientos, censando a la gente y firmando unos preacuerdos en los que manifestaron estar de acuerdo con la sustitución, mientras el Gobierno no tenía ni tres funcionarios en el territorio.

Lea: El preocupante balance que entrega Naciones Unidas sobre cultivos de coca en el país

¿O sea que no han pasado de fase luego de ese censo?

Nuestro desgaste es que cuando nos dijeron, a mediados de 2016, que venía el programa de sustitución, desplegamos a 14 personas al territorio para que se hicieran responsables de analizar cómo sería la distribución de los recursos. Nos quedamos en una etapa mecánica trabajando con la comunidad. Hoy lo que tenemos es que el Gobierno nacional le ha incumplido a la ciudadanía de Nariño.

¿Cuánto dinero ha invertido el Gobierno en la sustitución?

$42.000 millones, cuando se requieren $1,8 billones. Vale la pena advertir que algún resultado tuvo que dar empezar el tema de la sustitución en Tumaco, que es el municipio que presenta reducción en la nueva medición de la ONU.

¿Y si el Gobierno sigue incumpliendo?

Nosotros tenemos una convicción plena de que no nos han cumplido, que aquí la paz no ha sido posible. Es importante que podamos avanzar en sustitución de cultivos de uso ilícito y eso lo que implica es recursos. Lo que menos pueden esperar es que esta problemática la resuelva el alcalde de El Charco o Tumaco, o el gobernador. Es decir, este es un tema que debe abordar el Gobierno e, incluso, la comunidad internacional.

Usted, en el encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso, el pasado 12 de septiembre en Pasto, sentó su posición de no aceptar la fumigación con glifosato, ¿podría explicar las razones?

Son varios debates. El primero, en materia de salud, yo me quedo con el exministro de esa cartera, Alejandro Gaviria, y no con el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Prefiero creerle al primero que cita un estudio de 11 expertos que analizan más de 400 casos y concluyen que el glifosato es cancerígeno, que creerle a Botero, que dice que no hay problema porque él lo usa en su finca. Hay unos datos que son científicos y otros que no. Otro tema es el ambiental: el uso de este herbicida produciría daño a un departamento biodiverso, verde, como Nariño.

También: El duro reclamo del gobernador de Nariño al presidente Duque por el uso de glifosato

¿Y cual es el otro debate?

En la discusión de fondo, la principal razón es que no les va a dar resultado. Si queremos solucionar el problema de manera estructural, esto no les va a funcionar porque van a envenenar, fumigar y atacar a nuestro territorio y población, y las familias se desplazarán a otra parte para volver a sembrar. Es decir, es una victoria pírrica, es reducir en el escritorio el número de hectáreas, pero no solucionar la situación que tenemos. He dicho con claridad que si no se dialoga con estas 50.000 familias, cualquier política antidrogas será un total fracaso. Lo que hay aquí es un problema social, que no solo puede ser visto desde la óptica criminal.

¿Cómo ve entonces toda la política antidrogas de Duque?

Estamos viendo una lógica de atacar los dos extremos en la cadena de narcotráfico, los puntos más débiles: los pequeños productores, que sobreviven de los cultivos de uso ilícitos, y los consumidores, cuando sabemos que el negocio está en la mitad. Necesitamos acciones efectivas. Sin embargo, quiero resaltar que tenemos unos propósitos en común, que son no permitir un narco-Estado, apoyo estricto a la Fuerza Pública y que hay que acabar con los sembrados ilegales. El debate está en el cómo hacer ese último punto.

¿Cómo ve la propuesta del gobernador de Antioquia de usar drones con una cantidad pequeña de glifosato para fumigar?

Quisiera limitarme a decir que son lógicas de gobierno distintas. Para nosotros está la defensa de la vida, el ambiente y nuestra población, y asumir el problema desde una mirada estructural para resolverlo en serio. La fumigación con glifosato lo que hace es reducir de manera momentánea, en el escritorio, las hectáreas, pero al cabo de meses o años aparecerán de nuevo y los tendrán que contar otra vez, porque las familias seguirán buscando un medio de subsistencia. Lo que nosotros creemos es que la salida debe de ser presencia integral del Estado en el territorio.

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En 2017 se registraron enfrentamientos entre campesinos y erradicadores designados por el Gobierno, ¿que ha pasado este año?

No conozco, pero ya habíamos advertido lo que iba a ocurrir en el territorio y, tristemente, ocurrió: ocho muertos en total, siete campesinos y un policía, en enfrentamientos por la erradicación manual. Comparto esto: un general que estaba al frente de estas operaciones me decía que siguiera insistiendo en inversión social, porque lo cierto era que ellos al cabo de unos meses se irían y, lo más seguro, es que se volvería a sembrar.

¿Qué viene para Nariño en cuanto a los cultivos de uso ilícito?

Interpondré una acción popular para impedir el intento del uso del glifosato hasta que no haya una atención integral del Estado a estas más de 50.000 familias. Estamos en revisión, ya van 49 páginas, eso tiene un trabajo jurídico juicioso y multidisciplinario y estamos en esa tarea. También tendremos una jornada académica y de movilización frente al tema a fin de año.

¿Cuántas familias se acogieron al programa de sustitución voluntaria en Nariño?

Hay más de 50.000 familias que manifestaron su intención de hacer parte de la sustitución. Solo de Tumaco, las atendidas fueron 17.000, con un primer pago inicial de $2’000.000 a cada una de ellas. Imagínese lo distante que es esto a un programa integral de sustitución de cultivos. Además, ese dinero se les dio en diciembre de 2017. No tiene que ver con nada de lo que esperábamos, que era presencia integral del Estado en el territorio.

¿Cómo fue el trabajo con el Gobierno en cuanto a la sustitución de cultivos?

Lo que nosotros hicimos fue creer en la voz del Gobierno, que nos propuso sustitución de cultivos de uso ilícito. De hecho, la Gobernación, en convenio con la Federación de Departamentos, contó con 14 personas que recorrieron veredas y corregimientos, censando a la gente y firmando unos preacuerdos en los que manifestaron estar de acuerdo con la sustitución, mientras el Gobierno no tenía ni tres funcionarios en el territorio.

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¿O sea que no han pasado de fase luego de ese censo?

Nuestro desgaste es que cuando nos dijeron, a mediados de 2016, que venía el programa de sustitución, desplegamos a 14 personas al territorio para que se hicieran responsables de analizar cómo sería la distribución de los recursos. Nos quedamos en una etapa mecánica trabajando con la comunidad. Hoy lo que tenemos es que el Gobierno nacional le ha incumplido a la ciudadanía de Nariño.

¿Cuánto dinero ha invertido el Gobierno en la sustitución?

$42.000 millones, cuando se requieren $1,8 billones. Vale la pena advertir que algún resultado tuvo que dar empezar el tema de la sustitución en Tumaco, que es el municipio que presenta reducción en la nueva medición de la ONU.

¿Y si el Gobierno sigue incumpliendo?

Nosotros tenemos una convicción plena de que no nos han cumplido, que aquí la paz no ha sido posible. Es importante que podamos avanzar en sustitución de cultivos de uso ilícito y eso lo que implica es recursos. Lo que menos pueden esperar es que esta problemática la resuelva el alcalde de El Charco o Tumaco, o el gobernador. Es decir, este es un tema que debe abordar el Gobierno e, incluso, la comunidad internacional.

Usted, en el encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso, el pasado 12 de septiembre en Pasto, sentó su posición de no aceptar la fumigación con glifosato, ¿podría explicar las razones?

Son varios debates. El primero, en materia de salud, yo me quedo con el exministro de esa cartera, Alejandro Gaviria, y no con el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Prefiero creerle al primero que cita un estudio de 11 expertos que analizan más de 400 casos y concluyen que el glifosato es cancerígeno, que creerle a Botero, que dice que no hay problema porque él lo usa en su finca. Hay unos datos que son científicos y otros que no. Otro tema es el ambiental: el uso de este herbicida produciría daño a un departamento biodiverso, verde, como Nariño.

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¿Y cual es el otro debate?

En la discusión de fondo, la principal razón es que no les va a dar resultado. Si queremos solucionar el problema de manera estructural, esto no les va a funcionar porque van a envenenar, fumigar y atacar a nuestro territorio y población, y las familias se desplazarán a otra parte para volver a sembrar. Es decir, es una victoria pírrica, es reducir en el escritorio el número de hectáreas, pero no solucionar la situación que tenemos. He dicho con claridad que si no se dialoga con estas 50.000 familias, cualquier política antidrogas será un total fracaso. Lo que hay aquí es un problema social, que no solo puede ser visto desde la óptica criminal.

¿Cómo ve entonces toda la política antidrogas de Duque?

Estamos viendo una lógica de atacar los dos extremos en la cadena de narcotráfico, los puntos más débiles: los pequeños productores, que sobreviven de los cultivos de uso ilícitos, y los consumidores, cuando sabemos que el negocio está en la mitad. Necesitamos acciones efectivas. Sin embargo, quiero resaltar que tenemos unos propósitos en común, que son no permitir un narco-Estado, apoyo estricto a la Fuerza Pública y que hay que acabar con los sembrados ilegales. El debate está en el cómo hacer ese último punto.

¿Cómo ve la propuesta del gobernador de Antioquia de usar drones con una cantidad pequeña de glifosato para fumigar?

Quisiera limitarme a decir que son lógicas de gobierno distintas. Para nosotros está la defensa de la vida, el ambiente y nuestra población, y asumir el problema desde una mirada estructural para resolverlo en serio. La fumigación con glifosato lo que hace es reducir de manera momentánea, en el escritorio, las hectáreas, pero al cabo de meses o años aparecerán de nuevo y los tendrán que contar otra vez, porque las familias seguirán buscando un medio de subsistencia. Lo que nosotros creemos es que la salida debe de ser presencia integral del Estado en el territorio.

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En 2017 se registraron enfrentamientos entre campesinos y erradicadores designados por el Gobierno, ¿que ha pasado este año?

No conozco, pero ya habíamos advertido lo que iba a ocurrir en el territorio y, tristemente, ocurrió: ocho muertos en total, siete campesinos y un policía, en enfrentamientos por la erradicación manual. Comparto esto: un general que estaba al frente de estas operaciones me decía que siguiera insistiendo en inversión social, porque lo cierto era que ellos al cabo de unos meses se irían y, lo más seguro, es que se volvería a sembrar.

¿Qué viene para Nariño en cuanto a los cultivos de uso ilícito?

Interpondré una acción popular para impedir el intento del uso del glifosato hasta que no haya una atención integral del Estado a estas más de 50.000 familias. Estamos en revisión, ya van 49 páginas, eso tiene un trabajo jurídico juicioso y multidisciplinario y estamos en esa tarea. También tendremos una jornada académica y de movilización frente al tema a fin de año.