Objetar o no la JEP, la encrucijada del presidente Duque

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, le pide al presidente Duque sancionar la estatutaria de la JEP. / Archivo-El Espectador

Una nueva batalla enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en momentos en que empieza  a mostrar resultados. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez se destapó el pasado lunes y con una senda carta le pide al presidente Iván Duque objetar la ley estatutaria de la JEP. Martínez recibió el respaldo del Centro Democrático y el rechazo de los defensores del Acuerdo de Paz, que desde ya advierten que objetar la norma sería una afrenta a la independencia de las ramas legislativas y judicial, pues tanto el Congreso como la Corte Constitucional ya estudiaron y avalaron el articulado que está a la espera únicamente de la firma del mandatario para entrar en vigencia.

(Así fue el duro tránsito de la estatutaria de la JEP en el Congreso)

Luego vino el estudio de la Corte Constitucional, proceso que tomó más de seis meses. Sólo para julio de 2018 el alto tribunal, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que la norma había sido declarada exequible. Entonces vino una nueva tardanza. Entre el pronunciamiento de la Corte y el envío del fallo al Congreso pasaron otros cinco meses. Pero ahí empezó una nueva epopeya. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, engavetó la orden del tribunal por casi cincuenta días. Ante las presiones de la opinión pública finalmente firmó la ley y la envío a la Cámara de Representantes, para que el presidente de la corporación, Alejandro Carlos Chacón, le pusiera su rúbrica para que llegara finalmente a Palacio para sanción presidencial.

(El lío por la sanción presidencial de la JEP)

Pero una nueva “leguleyada” surgió: Chacón advirtió que Macías había excluido una serie de parágrafos del fallo enviado por la Corte. El presidente del Senado explicó que había sido un error involuntario, y acusó a la impresora, tras lo cual corrigió las omisiones y se logró enviar el texto completo a la Casa de Nariño. “El Fiscal Martínez es quien ha recomendado al gobierno objetar la norma, señalándola de inconveniente, pues no lo puede hacer por Constitucionalidad, ya que Chacón se pilló el error que le incluyeron en Senado. La jugada consistía en que Duque la objetara por errores de forma, argumentando que la ley que le fue enviada a su despacho no correspondía al fallo de la Corte, pero Chacón se  dio cuenta y subsanó el error”, explicó una fuente en el Congreso de la República.

Ahora, el asunto está en manos del presidente Duque, quien de objetar la norma abriría un capítulo inédito en la historia normativa del país, pues nunca antes una norma estatutaria ha sido objetada luego de que el Congreso y la Corte Constitucional la aprobaran. Incluso hay quienes se atreven a advertir que esta decisión produciría un choque de trenes sin precedentes. Pues el Presidente de la República  se vería enfrentado a la rama Legislativa y Judicial al mismo tiempo. Al presidente le quedan menos de 20 días para tomar una decisión pero ya las fuerzas vivas del Estado colombiano toman partido por uno y otro bando.

(Estos son los reparos del Fiscal a la JEP)

El Fiscal Martínez destapó sus cartas el lunes pasado y en una misiva de nueve páginas el jefe del ente acusador  expresó sus preocupaciones,  las cuales, palabras más palabras menos, consisten en que la JEP mantendría competencias sobre quienes suscribieron un acuerdo de paz con el Estado.  Martínez busca mantener competencia  sobre casos como el de ‘Jesús Santrich’ por lo cual le pide al presidente Duque objetar la norma. En esta propuesta recibió el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, quien en una serie de trinos, expresó: “Se mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente después de la firma. Un despropósito”.