¿Y la financiación para las mujeres?

Las mujeres no la tienen fácil en la calle, las empresas y mucho menos en el acceso y la permanencia en los cargos públicos. La situación es compleja, aun cuando existe un gran número de protocolos suscritos por los Estados, donde se lleva al terreno de lo internacional la obligación de cumplir lo firmado, o leyes y normativas que les garantizan sus derechos. En el escenario de lo político se debate mucho sobre las listas a cargos de elección popular, que deben cumplir, por lo menos, con un 30 % de un género y que, pese a que la ley lo exige, se sigue violando dicho mandato.

(Conozca: Partidos, rajados en la cuota de género para elecciones)

Por ejemplo, para las elecciones de este domingo, 27 de octubre, 27 organizaciones políticas infringieron esta orden cobijada por la Ley 1475 de 2011. En total, el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró que 148 listas incumplieron, once de las cuales aparecieron reportadas por la falta de hombres; un hecho sin precedentes en el país y, más inédito aun, la decisión del tribunal electoral fue mantener estas listas como una acción afirmativa a favor de las mujeres.

Más allá de la cuota de género, en la mencionada ley existe también una disposición acerca de la promoción de la inclusión efectiva de las mujeres en la política; tarea que recae directamente sobre los partidos y movimientos que reciben financiación estatal. En primer lugar, es importante apuntar que hay incentivos económicos para las organizaciones, proporcional a la cantidad de mujeres elegidas en las corporaciones. Partiendo de eso, la ley dicta que el 5 % de los dineros públicos debe ser invertido en incentivar la participación femenina.

(Lea: Listas podrían ser revocadas por no incluir a hombres)

Un estudio que hicieron en conjunto Transparencia por Colombia y ONU Mujeres determinó que los partidos solo asignaron el 3 % de los recursos estatales para la inclusión efectiva de las mujeres en 2016, 2017 y 2018. Es más, la investigación también detalló que los partidos con mayor músculo financiero son los que, paradójicamente, invierten menos en ello. Esta cifra también la rescata la Misión de Observación Electoral (MOE) en un informe respecto a los gastos de funcionamiento que reportaron los partidos políticos en 2018: las organizaciones políticas solo destinaron el 3,4 % de los recursos públicos para las mujeres. “Para nosotros, el acceso a recursos, más allá de un obstáculo, es una forma de violencia política contra las mujeres”, señala Adriana Peña, especialista de género de la MOE.

Aunque con el resultado encontrado, con base en el mínimo que dispone la ley, se creería que las organizaciones políticas van por buen camino a cumplir con lo establecido, Sandra Martínez, de Transparencia por Colombia, destaca que esa es una cifra que no dice mucho. “Sobre el gasto para la promoción de las mujeres en la política, nosotros revisamos qué tanto invirtieron en temas de estrategias de comunicación, formación electoral, formación política, publicaciones y otros gastos. Y este último ítem es donde los partidos reportan más inversión”, explicó. El interrogante es qué es “otros gastos”. “Encontramos, por ejemplo, que en esa variable incluyen los viáticos, refrigerios, souvenirs y transporte, entre otros, de los eventos y conferencias que hacen para las mujeres. Hasta un taller para madres gestantes”.

(Lea también: La maquinaria media la elección a la Gobernación del Valle)

Las conclusiones de la investigación dieron cuenta de que los partidos no le están apostando a lo que verdaderamente impulsa la participación de las mujeres en la política, como lo es, además de la formación y capacitación, el apoyo en temas importantes sobre mercadeo, publicidad, consecución de recursos y comunicación. “No hay un plan claro para la educación de las mujeres, mucho menos para que salgan elegidas. Y eso nos resulta extraño, porque el Estado incentiva a las organizaciones políticas por las candidatas que llegan a las corporaciones”, comentó Martínez, a quien le preocupa, también, la incongruencia de los partidos: “En sus estatutos y sus discursos está todo el tema de las mujeres, inclusión femenina, pero en la inversión evidenciamos que no hay coherencia. Ahí es donde deberían de apostarle para garantizar lo que prometen”.

Esa situación planteada por la investigación se reitera con las fuentes de partidos consultadas. “La inversión no es solo hacer talleres y conferencias”, insiste la líder de Sistema Político de Transparencia por Colombia. “Nosotros no tenemos mucho aporte, ya que no tenemos muchas mujeres elegidas, aproximadamente unas 140 entre concejos, alcaldías y asambleas. Con el dinero que recibimos anualmente hacemos un encuentro, viajamos a las regiones, ayudamos a las redes de mujeres del partido y hacemos capacitaciones”, comentó Berenice Bedoya, representante legal de la Alianza Social Independiente (ASI).

(Le puede interesar: Alcaldía de Cali, una elección fragmentada por maquinarias, voto de opinión e indecisos)

En voz de uno de las colectividades con más historia, los conservadores, la realidad es la misma: “Contamos con un departamento de mujeres que viajan, dialogan e introducen a las interesadas a la organización. Así mismo, tanto hombres como mujeres deben financiarse ellos mismos sus campañas”, apuntó Ómar Yepes, presidente del Directorio Nacional Conservador. Igual escenario ocurre en el Centro Democrático, colectividad con más mujeres elegidas para el Congreso en 2018: nueve. “Las mujeres y los jóvenes son los segmentos en los que queremos crecer y entre nuestras estrategias están las de hacerles conferencias, reuniones y capacitaciones para que entiendan qué es la política, cuáles son sus roles, además de los procesos de sensibilización que adelantamos para que se animen a hacer parte de esto”, explicó Nubia Stella Martínez, directora del partido.

Aunque la responsabilidad es de los partidos, también el Congreso debe asumir parte del compromiso de una real participación de las mujeres en la política. “Más allá de la paridad y la alternancia, el Legislativo debe concentrarse ahora en el tema de financiación. El Estado financia a los partidos y está la Ley 1475, el rubro existe dentro de las cuentas de funcionamiento de las organizaciones, pero es una información muy genérica a la que no se le puede hacer un buen control. Entonces, a nivel normativo no hay algo que permita sancionar a las organizaciones políticas por no usar esa plata en la formación política de las mujeres”, advirtió Adriana Peña.

Entre las propuestas planteadas, Transparencia por Colombia apuesta por una revisión exhaustiva por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los dineros estatales invertidos por los partidos. “Que la plata del Estado no se convierta en una bolsa de gasto para las organizaciones, que el CNE haga revisión de las cuentas a detalle, que el 5 % sí se esté invirtiendo en incluir efectivamente a las mujeres en los procesos políticos al interior del partido”, comentó Martínez.

(Haga clic aquí para conocer todas las notas de las elecciones regionales 2019)

Un informe del Foro Económico Mundial apuntó que falta un siglo, al ritmo que vamos, para que las brechas de género en torno a la política, la salud, la educación, el empleo y la economía se cierren. Si en Colombia el 51 % de la población son mujeres, lo sensato sería que esa proporción se viera reflejada en los cargos de representación popular. Por eso, organizaciones como ONU Mujeres, Transparencia por Colombia y la MOE hacen un llamado a hacer realidad la lógica, a que todos los actores democráticos en el país se pongan en marcha y que no sean cien años los que debamos esperar para ver un Estado o un Congreso 50-50, o para que de verdad haya paridad y garantías en las listas de elección a las corporaciones públicas.

Las mujeres no la tienen fácil en la calle, las empresas y mucho menos en el acceso y la permanencia en los cargos públicos. La situación es compleja, aun cuando existe un gran número de protocolos suscritos por los Estados, donde se lleva al terreno de lo internacional la obligación de cumplir lo firmado, o leyes y normativas que les garantizan sus derechos. En el escenario de lo político se debate mucho sobre las listas a cargos de elección popular, que deben cumplir, por lo menos, con un 30 % de un género y que, pese a que la ley lo exige, se sigue violando dicho mandato.

(Conozca: Partidos, rajados en la cuota de género para elecciones)

Por ejemplo, para las elecciones de este domingo, 27 de octubre, 27 organizaciones políticas infringieron esta orden cobijada por la Ley 1475 de 2011. En total, el Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró que 148 listas incumplieron, once de las cuales aparecieron reportadas por la falta de hombres; un hecho sin precedentes en el país y, más inédito aun, la decisión del tribunal electoral fue mantener estas listas como una acción afirmativa a favor de las mujeres.

Más allá de la cuota de género, en la mencionada ley existe también una disposición acerca de la promoción de la inclusión efectiva de las mujeres en la política; tarea que recae directamente sobre los partidos y movimientos que reciben financiación estatal. En primer lugar, es importante apuntar que hay incentivos económicos para las organizaciones, proporcional a la cantidad de mujeres elegidas en las corporaciones. Partiendo de eso, la ley dicta que el 5 % de los dineros públicos debe ser invertido en incentivar la participación femenina.

(Lea: Listas podrían ser revocadas por no incluir a hombres)

Un estudio que hicieron en conjunto Transparencia por Colombia y ONU Mujeres determinó que los partidos solo asignaron el 3 % de los recursos estatales para la inclusión efectiva de las mujeres en 2016, 2017 y 2018. Es más, la investigación también detalló que los partidos con mayor músculo financiero son los que, paradójicamente, invierten menos en ello. Esta cifra también la rescata la Misión de Observación Electoral (MOE) en un informe respecto a los gastos de funcionamiento que reportaron los partidos políticos en 2018: las organizaciones políticas solo destinaron el 3,4 % de los recursos públicos para las mujeres. “Para nosotros, el acceso a recursos, más allá de un obstáculo, es una forma de violencia política contra las mujeres”, señala Adriana Peña, especialista de género de la MOE.

Aunque con el resultado encontrado, con base en el mínimo que dispone la ley, se creería que las organizaciones políticas van por buen camino a cumplir con lo establecido, Sandra Martínez, de Transparencia por Colombia, destaca que esa es una cifra que no dice mucho. “Sobre el gasto para la promoción de las mujeres en la política, nosotros revisamos qué tanto invirtieron en temas de estrategias de comunicación, formación electoral, formación política, publicaciones y otros gastos. Y este último ítem es donde los partidos reportan más inversión”, explicó. El interrogante es qué es “otros gastos”. “Encontramos, por ejemplo, que en esa variable incluyen los viáticos, refrigerios, souvenirs y transporte, entre otros, de los eventos y conferencias que hacen para las mujeres. Hasta un taller para madres gestantes”.

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Las conclusiones de la investigación dieron cuenta de que los partidos no le están apostando a lo que verdaderamente impulsa la participación de las mujeres en la política, como lo es, además de la formación y capacitación, el apoyo en temas importantes sobre mercadeo, publicidad, consecución de recursos y comunicación. “No hay un plan claro para la educación de las mujeres, mucho menos para que salgan elegidas. Y eso nos resulta extraño, porque el Estado incentiva a las organizaciones políticas por las candidatas que llegan a las corporaciones”, comentó Martínez, a quien le preocupa, también, la incongruencia de los partidos: “En sus estatutos y sus discursos está todo el tema de las mujeres, inclusión femenina, pero en la inversión evidenciamos que no hay coherencia. Ahí es donde deberían de apostarle para garantizar lo que prometen”.

Esa situación planteada por la investigación se reitera con las fuentes de partidos consultadas. “La inversión no es solo hacer talleres y conferencias”, insiste la líder de Sistema Político de Transparencia por Colombia. “Nosotros no tenemos mucho aporte, ya que no tenemos muchas mujeres elegidas, aproximadamente unas 140 entre concejos, alcaldías y asambleas. Con el dinero que recibimos anualmente hacemos un encuentro, viajamos a las regiones, ayudamos a las redes de mujeres del partido y hacemos capacitaciones”, comentó Berenice Bedoya, representante legal de la Alianza Social Independiente (ASI).

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En voz de uno de las colectividades con más historia, los conservadores, la realidad es la misma: “Contamos con un departamento de mujeres que viajan, dialogan e introducen a las interesadas a la organización. Así mismo, tanto hombres como mujeres deben financiarse ellos mismos sus campañas”, apuntó Ómar Yepes, presidente del Directorio Nacional Conservador. Igual escenario ocurre en el Centro Democrático, colectividad con más mujeres elegidas para el Congreso en 2018: nueve. “Las mujeres y los jóvenes son los segmentos en los que queremos crecer y entre nuestras estrategias están las de hacerles conferencias, reuniones y capacitaciones para que entiendan qué es la política, cuáles son sus roles, además de los procesos de sensibilización que adelantamos para que se animen a hacer parte de esto”, explicó Nubia Stella Martínez, directora del partido.

Aunque la responsabilidad es de los partidos, también el Congreso debe asumir parte del compromiso de una real participación de las mujeres en la política. “Más allá de la paridad y la alternancia, el Legislativo debe concentrarse ahora en el tema de financiación. El Estado financia a los partidos y está la Ley 1475, el rubro existe dentro de las cuentas de funcionamiento de las organizaciones, pero es una información muy genérica a la que no se le puede hacer un buen control. Entonces, a nivel normativo no hay algo que permita sancionar a las organizaciones políticas por no usar esa plata en la formación política de las mujeres”, advirtió Adriana Peña.

Entre las propuestas planteadas, Transparencia por Colombia apuesta por una revisión exhaustiva por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los dineros estatales invertidos por los partidos. “Que la plata del Estado no se convierta en una bolsa de gasto para las organizaciones, que el CNE haga revisión de las cuentas a detalle, que el 5 % sí se esté invirtiendo en incluir efectivamente a las mujeres en los procesos políticos al interior del partido”, comentó Martínez.

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Un informe del Foro Económico Mundial apuntó que falta un siglo, al ritmo que vamos, para que las brechas de género en torno a la política, la salud, la educación, el empleo y la economía se cierren. Si en Colombia el 51 % de la población son mujeres, lo sensato sería que esa proporción se viera reflejada en los cargos de representación popular. Por eso, organizaciones como ONU Mujeres, Transparencia por Colombia y la MOE hacen un llamado a hacer realidad la lógica, a que todos los actores democráticos en el país se pongan en marcha y que no sean cien años los que debamos esperar para ver un Estado o un Congreso 50-50, o para que de verdad haya paridad y garantías en las listas de elección a las corporaciones públicas.