La lucha de los barís por recuperar su territorio

Cinco años después de que 2.510 indígenas de la comunidad barí empezaran una lucha para recuperar cerca de 194.000 hectáreas de sus territorios ancestrales en la región del Catatumbo, y después de sortear varios tropiezos, el pasado 18 de octubre finalmente lograron instaurar, ante la Sala Especializada de Restitución en el Palacio de Justicia de Cúcuta, la primera demanda colectiva de restitución de tierras para beneficiar a unas 553 familias de los resguardos Motilón Barí y Catalaura.

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Un proceso que comenzó en 2014, de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con el que buscan reclamar derechos sobre territorios repartidos en cinco municipios de Norte de Santander —Convención, Teorama, El Carmen, El Tarra y Tibú—, de los cuales tuvieron que salir en distintos momentos por injerencia de múltiples factores. “Como líderes indígenas, teníamos miedo de realizar la demanda. Incluso, en el año 2017 tuvimos un atentado a nuestra autoridad. En ese momento les dijimos a los actores armados que con el pueblo barí no se juega, y nos apoyamos en las acciones jurídicas de la unidad. Fue un trabajo de la mano”, contó Alexánder Dora Dora, coordinador de derechos colectivos de la etnia barí.

El caso, según explicó a El Espectador Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, se considera un hito dentro de los procesos de restitución, por todos los factores de violencia que presenta el Catatumbo. “El proceso lleva muchos años, porque la entrada de la institucionalidad puede poner en riesgo a las comunidades”, señaló. El caso debe surtir trámite ante el juez y en caso de salir a favor, se ordena la restitución material y las comunidades pueden regresar a sus tierras.

(Lea: Un juez antirrestitución de tierras en Urabá)

El problema, de acuerdo con la comunidad indígena, viene de mucho tiempo atrás. Aseguran que comenzó incluso desde la época del auge de la explotación petrolera en el país, cuando la llegada de las grandes empresas derivó en prácticas de persecución para que los indígenas salieran de la zona. Un panorama al que se fueron sumando, con el tiempo, las disputas con comunidades campesinas que entre 1945 y 1955 empezaron a ocupar algunos terrenos, implementando modelos de desarrollo agrícola que generaron choques culturales. Conflictos que persisten en la actualidad, ya fueron identificados y están en la mira de la URT para ser resueltos.

“Nosotros identificamos si hay traslapes con propiedades individuales y estudiamos los casos para ver si son poseedores de buena fe o si, por ejemplo, hay problemas de ineficiencia por parte del Estado. Hay una indemnización o una compensación para garantizar sus derechos, pero hay que tener en cuenta que en el marco de los procesos de restitución la prelación para que se queden en el territorio es para los indígenas”, detalla Mahecha.

(Lea: El 70% de los pueblos indígenas de Colombia está en riesgo de exterminio)

Para el caso puntual de la reclamación de los barís, la URT entregó al juez varios insumos y expuso la situación de todos los ocupantes no étnicos que están en el territorio: “Nosotros hicimos un análisis juicioso de quiénes están ahí y le decimos al juez: ‘Mire, aquí encontramos todos los poseedores, tales ocupantes no étnicos, para que se determine cuáles son sus derechos una vez se identifique el caso’”.

El escenario de riesgo para las comunidades lo terminaron de configurar la llegada y el fortalecimiento de grupos armados ilegales, que recrudecieron el conflicto armado en el Catatumbo y obligaron al confinamiento y el desplazamiento de los indígenas. Primero con la llegada del Eln, y después con la presencia de las Farc y los grupos paramilitares, la región se convirtió rápidamente en un enclave para las economías ilícitas —sobre todo para el cultivo de coca—, cuya geografía ofrecía facilidades estratégicas por tratarse de un corredor hacia la frontera con Venezuela.

Por eso la disputa por el control territorial golpeó directamente a las comunidades, que en pocos años fueron víctimas de cruentas masacres, como la perpetrada el 16 febrero de 2000 en el municipio de El Tarra por hombres del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que asesinaron a veinte personas. Y aunque la dinámica del conflicto armado se transformó en los últimos años y el pulso de las fuerzas ilegales mutó al mismo tiempo que entraron y salieron nuevos actores ilegales, la violencia sigue siendo el común denominador en esta región del país.

De ahí que la lucha de los indígenas por recuperar esos territorios cobre especial relevancia en la actual coyuntura. Se trata de municipios en los que, tras la firma del Acuerdo de Paz y la salida de las Farc como actor determinante en la confrontación armada, los vacíos de poder han ido llenándose con el fortalecimiento territorial del Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Ejército de Liberación Nacional. Eso sin contar las alianzas con terceros como el Clan del Golfo, grupos armados operacionales o incluso la presencia de organizaciones ligadas a grandes carteles internacionales de la droga.

La Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas para Catatumbo desde enero de 2018 y varios organismos han llamado la atención sobre la situación de riesgo de la comunidad. “La Unidad Nacional de Protección (UNP) —organismo nacional encargado de proteger a personas en riesgo— demoró más de ocho meses en iniciar el proceso para brindar esquemas de protección a líderes de la comunidad indígena barí, que, según sostuvo la Defensoría en enero, se encontraban en riesgo”, señaló Human Rights Watch en un informe publicado en agosto pasado.

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La comunidad, por su parte, ha liderado fuertes procesos de resistencia con la convicción de que la guerra que se libra en sus territorios es ajena y que su objetivo es solo recuperar sus cimientos culturales, pues buena parte de lo que son como etnia viene de su relación con los territorios ancestrales. Por eso el reto sigue siendo dar la pelea por la tierra en una zona en la que los ilegales son los que mandan la parada.

“Para nosotros, estas regiones son el pulmón del Norte de Santander. Confiamos en nuestro dios Sabaseba, para que la demanda nos ayude a mantener nuestra cultura en el territorio”, concluyó Alexánder Dora Dora.

Cinco años después de que 2.510 indígenas de la comunidad barí empezaran una lucha para recuperar cerca de 194.000 hectáreas de sus territorios ancestrales en la región del Catatumbo, y después de sortear varios tropiezos, el pasado 18 de octubre finalmente lograron instaurar, ante la Sala Especializada de Restitución en el Palacio de Justicia de Cúcuta, la primera demanda colectiva de restitución de tierras para beneficiar a unas 553 familias de los resguardos Motilón Barí y Catalaura.

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Un proceso que comenzó en 2014, de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con el que buscan reclamar derechos sobre territorios repartidos en cinco municipios de Norte de Santander —Convención, Teorama, El Carmen, El Tarra y Tibú—, de los cuales tuvieron que salir en distintos momentos por injerencia de múltiples factores. “Como líderes indígenas, teníamos miedo de realizar la demanda. Incluso, en el año 2017 tuvimos un atentado a nuestra autoridad. En ese momento les dijimos a los actores armados que con el pueblo barí no se juega, y nos apoyamos en las acciones jurídicas de la unidad. Fue un trabajo de la mano”, contó Alexánder Dora Dora, coordinador de derechos colectivos de la etnia barí.

El caso, según explicó a El Espectador Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, se considera un hito dentro de los procesos de restitución, por todos los factores de violencia que presenta el Catatumbo. “El proceso lleva muchos años, porque la entrada de la institucionalidad puede poner en riesgo a las comunidades”, señaló. El caso debe surtir trámite ante el juez y en caso de salir a favor, se ordena la restitución material y las comunidades pueden regresar a sus tierras.

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El problema, de acuerdo con la comunidad indígena, viene de mucho tiempo atrás. Aseguran que comenzó incluso desde la época del auge de la explotación petrolera en el país, cuando la llegada de las grandes empresas derivó en prácticas de persecución para que los indígenas salieran de la zona. Un panorama al que se fueron sumando, con el tiempo, las disputas con comunidades campesinas que entre 1945 y 1955 empezaron a ocupar algunos terrenos, implementando modelos de desarrollo agrícola que generaron choques culturales. Conflictos que persisten en la actualidad, ya fueron identificados y están en la mira de la URT para ser resueltos.

“Nosotros identificamos si hay traslapes con propiedades individuales y estudiamos los casos para ver si son poseedores de buena fe o si, por ejemplo, hay problemas de ineficiencia por parte del Estado. Hay una indemnización o una compensación para garantizar sus derechos, pero hay que tener en cuenta que en el marco de los procesos de restitución la prelación para que se queden en el territorio es para los indígenas”, detalla Mahecha.

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Para el caso puntual de la reclamación de los barís, la URT entregó al juez varios insumos y expuso la situación de todos los ocupantes no étnicos que están en el territorio: “Nosotros hicimos un análisis juicioso de quiénes están ahí y le decimos al juez: ‘Mire, aquí encontramos todos los poseedores, tales ocupantes no étnicos, para que se determine cuáles son sus derechos una vez se identifique el caso’”.

El escenario de riesgo para las comunidades lo terminaron de configurar la llegada y el fortalecimiento de grupos armados ilegales, que recrudecieron el conflicto armado en el Catatumbo y obligaron al confinamiento y el desplazamiento de los indígenas. Primero con la llegada del Eln, y después con la presencia de las Farc y los grupos paramilitares, la región se convirtió rápidamente en un enclave para las economías ilícitas —sobre todo para el cultivo de coca—, cuya geografía ofrecía facilidades estratégicas por tratarse de un corredor hacia la frontera con Venezuela.

Por eso la disputa por el control territorial golpeó directamente a las comunidades, que en pocos años fueron víctimas de cruentas masacres, como la perpetrada el 16 febrero de 2000 en el municipio de El Tarra por hombres del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que asesinaron a veinte personas. Y aunque la dinámica del conflicto armado se transformó en los últimos años y el pulso de las fuerzas ilegales mutó al mismo tiempo que entraron y salieron nuevos actores ilegales, la violencia sigue siendo el común denominador en esta región del país.

De ahí que la lucha de los indígenas por recuperar esos territorios cobre especial relevancia en la actual coyuntura. Se trata de municipios en los que, tras la firma del Acuerdo de Paz y la salida de las Farc como actor determinante en la confrontación armada, los vacíos de poder han ido llenándose con el fortalecimiento territorial del Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Ejército de Liberación Nacional. Eso sin contar las alianzas con terceros como el Clan del Golfo, grupos armados operacionales o incluso la presencia de organizaciones ligadas a grandes carteles internacionales de la droga.

La Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas para Catatumbo desde enero de 2018 y varios organismos han llamado la atención sobre la situación de riesgo de la comunidad. “La Unidad Nacional de Protección (UNP) —organismo nacional encargado de proteger a personas en riesgo— demoró más de ocho meses en iniciar el proceso para brindar esquemas de protección a líderes de la comunidad indígena barí, que, según sostuvo la Defensoría en enero, se encontraban en riesgo”, señaló Human Rights Watch en un informe publicado en agosto pasado.

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La comunidad, por su parte, ha liderado fuertes procesos de resistencia con la convicción de que la guerra que se libra en sus territorios es ajena y que su objetivo es solo recuperar sus cimientos culturales, pues buena parte de lo que son como etnia viene de su relación con los territorios ancestrales. Por eso el reto sigue siendo dar la pelea por la tierra en una zona en la que los ilegales son los que mandan la parada.

“Para nosotros, estas regiones son el pulmón del Norte de Santander. Confiamos en nuestro dios Sabaseba, para que la demanda nos ayude a mantener nuestra cultura en el territorio”, concluyó Alexánder Dora Dora.