Organizaciones piden a la JEP que abra caso de desaparición forzada

La desaparición forzada cometida por actores armados durante el conflicto tuvo tres propósitos: castigar y aleccionar a quienes tuvieran posturas políticas distintas, generar terror para ganar control territorial y ocultar crímenes como homicidios y violencia sexual, ya que es un delito que borra cualquier evidencia. Así lo explica el informe Hasta encontrarlos, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Tales propósitos lo convierten en uno de los crímenes más atroces de la guerra, porque se traduce en un estado de constante incertidumbre para las familias.

(Le puede interesar: Bojayá recibió a sus muertos; Estado les entregó 72 cuerpos identificados)

En Colombia es tal la magnitud de este crimen que el Estado no ha podido consolidar una cifra oficial. En el Registro Nacional de Desaparecidos hay 28.755 víctimas de este delito y el Registro Único de Víctimas reconoce a 47.762 personas, lo que evidencia un amplio subregistro y falta de comunicación entre la institucionalidad. La cifra más precisa es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, que, a través del cruce de cerca de 10.000 bases de datos y documentos, consolidó 82.998 casos de desaparición forzada en Colombia.

Este jueves, 14 de noviembre, la asociación Human Rights Everywhere (HREV) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) harán el primer acto público y oficial de solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que abra un caso dedicado a investigar la desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Les entregarán a los magistrados de la Sala de Reconocimiento el libro Cartografía de la desaparición forzada en Colombia, un proyecto del HREV que nació para divulgar los vacíos en la información sobre este delito y la deuda que tiene el Estado para establecer la dimensión real de los desaparecidos que dejó la guerra.

A través de mapas, el libro compara el número de casos por departamento, según su cercanía a cuencas hidrográficas, por ejemplo; el número de mujeres víctimas, los casos de desaparición por año, entre otros aspectos. También da conclusiones importantes: el fenómeno es tan generalizado que apenas en el 5 % de los municipios de Colombia no hay casos registrados. Y, lo más grave, muestra que el 99,5 % de los casos permanecen en la impunidad.

Así como se abrió un caso para investigar el secuestro o el reclutamiento forzado, también debería abrirse uno para estudiar los casos de desaparición forzada en la JEP, aseguró Érik Arellana, uno de los autores del libro e hijo de Nydia Érika Bautista, militante del M-19 desaparecida el 30 de agosto de 1987. “Es importante que se hable de esto a nivel macro, que se entienda por qué se han dado estas prácticas, quiénes se han beneficiado y por qué los responsables no han sido juzgados”, agregó.

(Lea: Una guía para hablar de los desaparecidos por la guerra en Colombia)

En el acto público también entregarán información de alrededor de 240 casos de desaparición forzada de la región del Catatumbo, recogidos por la Corporación Poderpaz. De acuerdo con su vocera, Lorena Acevedo, la solicitud está enfocada a que la desaparición forzada se investigue en la Comisión de la Verdad, la UBPD y la JEP. En las dos primeras para hallar el por qué se cometió sistemáticamente y para encontrar a quienes continúan desaparecidos. Y en la JEP, para que se juzguen a los responsables.

La primera manifestación de las organizaciones para que se dé la apertura de este caso fue el 30 de agosto de 2018, cuando el Movice solicitó ante la JEP medidas cautelares en 16 lugares del país en donde se presume que hay personas dadas por desaparecidas, para garantizarles a las familias la búsqueda, identificación y entrega digna de los cuerpos. Entre esos sitios están el área de influencia del megaproyecto Hidroituango, en Antioquia; La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13 de Medellín; el cementerio central de San Onofre y el del corregimiento de Rincón del Mar, así como las fincas La Alemania y El Palmar, en Sucre.

La JEP ya ha realizado audiencias públicas para los casos de Antioquia, y los próximos 20 y 21 de noviembre se hará en Cartagena la que tiene que ver con San Onofre. Según Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad y también vocera del Movice, en las audiencias les insistieron a los magistrados de la Sección de No Reconocimiento, encargados de imponer las medidas cautelares, sobre la apertura del caso.

(Lea: La JEP cita audiencia por los desaparecidos en San Onofre)

Esta sección le trasladó el 27 de octubre pasado la solicitud al presidente de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Óscar Parra, y esta sala será la que reciba el informe de HREV y Poderpaz el próximo jueves. Sin embargo, Parra manifestó a este medio que la presentación de informes no significa que se abran casos concretos. “Lo que estamos pensando es en analizar cuáles serían las rutas para abrir nuevos casos. Nos han hecho la misma solicitud con violencia sexual, pero la sala tiene que definir si se trabaja a nivel territorial o como un caso autónomo”. También dijo que cruzarán los informes que les han llegado sobre este tema para tener la estrategia de investigación más idónea, por ejemplo, desde qué periodo se entraría a investigar la desaparición forzada.

Fue enfático en que este delito ya viene siendo priorizado por la Sala de Reconocimiento de manera transversal en los siete casos que ya están abiertos, principalmente en el de secuestro, reclutamiento forzado de menores y ejecuciones extrajudiciales. También se viene analizando en el caso abierto sobre la victimización al partido político Unión Patriótica, y en los casos territoriales de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, la situación Urabá y la del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca

“Estamos analizando diversas posibilidades de nuevas priorizaciones”, dejó en el aire el magistrado, sin dar más detalles. Quedan varias preguntas: ¿cómo abordaría la JEP la dimensión de este delito en los diez años de vida que tiene para que la impunidad no siga siendo la regla? ¿Cómo se articularían con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que es extrajudicial, para que las familias recuperen a sus seres queridos y haya justicia?

La desaparición forzada cometida por actores armados durante el conflicto tuvo tres propósitos: castigar y aleccionar a quienes tuvieran posturas políticas distintas, generar terror para ganar control territorial y ocultar crímenes como homicidios y violencia sexual, ya que es un delito que borra cualquier evidencia. Así lo explica el informe Hasta encontrarlos, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Tales propósitos lo convierten en uno de los crímenes más atroces de la guerra, porque se traduce en un estado de constante incertidumbre para las familias.

(Le puede interesar: Bojayá recibió a sus muertos; Estado les entregó 72 cuerpos identificados)

En Colombia es tal la magnitud de este crimen que el Estado no ha podido consolidar una cifra oficial. En el Registro Nacional de Desaparecidos hay 28.755 víctimas de este delito y el Registro Único de Víctimas reconoce a 47.762 personas, lo que evidencia un amplio subregistro y falta de comunicación entre la institucionalidad. La cifra más precisa es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, que, a través del cruce de cerca de 10.000 bases de datos y documentos, consolidó 82.998 casos de desaparición forzada en Colombia.

Este jueves, 14 de noviembre, la asociación Human Rights Everywhere (HREV) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) harán el primer acto público y oficial de solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que abra un caso dedicado a investigar la desaparición forzada en el marco del conflicto armado. Les entregarán a los magistrados de la Sala de Reconocimiento el libro Cartografía de la desaparición forzada en Colombia, un proyecto del HREV que nació para divulgar los vacíos en la información sobre este delito y la deuda que tiene el Estado para establecer la dimensión real de los desaparecidos que dejó la guerra.

A través de mapas, el libro compara el número de casos por departamento, según su cercanía a cuencas hidrográficas, por ejemplo; el número de mujeres víctimas, los casos de desaparición por año, entre otros aspectos. También da conclusiones importantes: el fenómeno es tan generalizado que apenas en el 5 % de los municipios de Colombia no hay casos registrados. Y, lo más grave, muestra que el 99,5 % de los casos permanecen en la impunidad.

Así como se abrió un caso para investigar el secuestro o el reclutamiento forzado, también debería abrirse uno para estudiar los casos de desaparición forzada en la JEP, aseguró Érik Arellana, uno de los autores del libro e hijo de Nydia Érika Bautista, militante del M-19 desaparecida el 30 de agosto de 1987. “Es importante que se hable de esto a nivel macro, que se entienda por qué se han dado estas prácticas, quiénes se han beneficiado y por qué los responsables no han sido juzgados”, agregó.

(Lea: Una guía para hablar de los desaparecidos por la guerra en Colombia)

En el acto público también entregarán información de alrededor de 240 casos de desaparición forzada de la región del Catatumbo, recogidos por la Corporación Poderpaz. De acuerdo con su vocera, Lorena Acevedo, la solicitud está enfocada a que la desaparición forzada se investigue en la Comisión de la Verdad, la UBPD y la JEP. En las dos primeras para hallar el por qué se cometió sistemáticamente y para encontrar a quienes continúan desaparecidos. Y en la JEP, para que se juzguen a los responsables.

La primera manifestación de las organizaciones para que se dé la apertura de este caso fue el 30 de agosto de 2018, cuando el Movice solicitó ante la JEP medidas cautelares en 16 lugares del país en donde se presume que hay personas dadas por desaparecidas, para garantizarles a las familias la búsqueda, identificación y entrega digna de los cuerpos. Entre esos sitios están el área de influencia del megaproyecto Hidroituango, en Antioquia; La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13 de Medellín; el cementerio central de San Onofre y el del corregimiento de Rincón del Mar, así como las fincas La Alemania y El Palmar, en Sucre.

La JEP ya ha realizado audiencias públicas para los casos de Antioquia, y los próximos 20 y 21 de noviembre se hará en Cartagena la que tiene que ver con San Onofre. Según Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad y también vocera del Movice, en las audiencias les insistieron a los magistrados de la Sección de No Reconocimiento, encargados de imponer las medidas cautelares, sobre la apertura del caso.

(Lea: La JEP cita audiencia por los desaparecidos en San Onofre)

Esta sección le trasladó el 27 de octubre pasado la solicitud al presidente de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Óscar Parra, y esta sala será la que reciba el informe de HREV y Poderpaz el próximo jueves. Sin embargo, Parra manifestó a este medio que la presentación de informes no significa que se abran casos concretos. “Lo que estamos pensando es en analizar cuáles serían las rutas para abrir nuevos casos. Nos han hecho la misma solicitud con violencia sexual, pero la sala tiene que definir si se trabaja a nivel territorial o como un caso autónomo”. También dijo que cruzarán los informes que les han llegado sobre este tema para tener la estrategia de investigación más idónea, por ejemplo, desde qué periodo se entraría a investigar la desaparición forzada.

Fue enfático en que este delito ya viene siendo priorizado por la Sala de Reconocimiento de manera transversal en los siete casos que ya están abiertos, principalmente en el de secuestro, reclutamiento forzado de menores y ejecuciones extrajudiciales. También se viene analizando en el caso abierto sobre la victimización al partido político Unión Patriótica, y en los casos territoriales de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, la situación Urabá y la del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca

“Estamos analizando diversas posibilidades de nuevas priorizaciones”, dejó en el aire el magistrado, sin dar más detalles. Quedan varias preguntas: ¿cómo abordaría la JEP la dimensión de este delito en los diez años de vida que tiene para que la impunidad no siga siendo la regla? ¿Cómo se articularían con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que es extrajudicial, para que las familias recuperen a sus seres queridos y haya justicia?