La enemistad que aviva el conflicto social en Ecuador

El pasado 2 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció una serie de medidas de austeridad, ya conocidas como “paquetazo”, que han removido los cimientos del país latinoamericano. La medida fue informada en la misma fecha en que se cumplía el segundo aniversario de la entrada en prisión de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa y del propio Moreno, que fue fulminantemente destituido por este último tras conocerse sus presuntas implicaciones en el capítulo ecuatoriano de Odebrecht. Este hecho fue uno de los detonantes del enfrentamiento total entre ambos líderes, que habían compartido un pasado común en la política cuando Moreno fue vicepresidente de Correa, entre 2007 y 2013.

Las discrepancias entre correístas y morenistas son el telón de fondo de más de una semana de movilizaciones a lo largo y ancho del país en las que colectivos sociales y la comunidad indígena reclaman derogar el Decreto 883, que propone el fin de los subsidios a la gasolina, una práctica instalada durante las últimas cuatro décadas; el aumento del precio de los carburantes en un 120 % y otras medidas de austeridad impuestas por el gobierno ecuatoriano luego de firmar un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir US$4.200 millones y sanear las cuentas fiscales del país.

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El grueso de las protestas deja ya al menos cinco víctimas mortales, cientos de heridos y detenidos. Desde que el pasado miércoles el presidente Moreno decretara el estado de excepción, las manifestaciones fueron adquiriendo un cariz más tenso en los días posteriores entre la oposición —que incluye principalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), transportistas, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil— y la Policía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el jueves su preocupación por esta escalada e instó a investigar los hechos “cometidos por diferentes actores, principalmente los ocasionados por uso excesivo de la fuerza”.

Aunque los actores sociales se desmarquen del origen partidista y político del conflicto que vive Ecuador, lo cierto es que las decisiones de uno y otro mandatario tienen gran influencia en la realidad actual del país. De hecho, en las últimas jornadas se ha vivido un nuevo cruce de exabruptos entre Moreno y Correa. En comparecencia pública, el presidente ecuatoriano recriminaba que las movilizaciones no eran más que un “intento de golpe de Estado” por parte de Correa y la Venezuela de Maduro, con quien el expresidente mantiene una buena relación. La respuesta llegó desde Bruselas, donde reside Correa, huido de una orden de prisión preventiva, quien acusó al presidente de haber roto la democracia, lo calificó como el mayor farsante de nuestra era” y solicitó un adelanto electoral al cual se postuló como candidato “si fuera necesario”.

El posicionamiento de Correa instando a un anticipo electoral volvió a hacer saltar algunas alarmas en Ecuador. Según Augusto Salvatto, investigador asociado al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina, “ese fue el objetivo de Correa desde un principio. Precipitar el fin del gobierno de Moreno es una forma de volver al poder y evitar lo que los correístas llaman una persecución político-judicial a sus funcionarios”. Edwin Alcarás, periodista ecuatoriano, considera que el llamado del expresidente fue desafortunado; sin embargo, “Correa sabe que sigue siendo una gran ‘sombra’ en el espectro electoral ecuatoriano, como demostraron las últimas elecciones seccionales de marzo pasado”.

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Un enfrentamiento sin retorno

Moreno llega a la mitad de su mandato presidencial con las relaciones quebradas con el que fuera su compañero de partido y antecesor: Rafael Correa. El mandatario ecuatoriano alcanzó el Palacio de Carondelet en 2017 de la mano de Alianza PAIS, la candidatura oficialista de su hoy defenestrado Correa. Después de una segunda vuelta muy ajustada, Moreno se impuso a su rival, el derechista Guillermo Lasso, con un 51,1 % de los votos, en una estrecha victoria que pudo suponer el inicio del fin de su relación personal y política con el exmandatario.

Entre su etapa como vicepresidente y antes de ganar las elecciones presidenciales, Moreno estuvo trabajando como enviado especial de las Nacionales Unidas en el área de Discapacidad y Accesibilidad, un tema que le tocó vivir de cerca debido a un robo con violencia en 1998 que terminó por dejarlo en silla de ruedas. Allí, en la ONU, conoció a empresarios ecuatorianos y a las élites mundiales, y desde entonces el correísmo empezó a dudar de él y sus postulados.

Sin embargo, fue al llegar a la Presidencia cuando se consumaron los hechos del divorcio político entre ambos líderes. Moreno comenzó a desechar buena parte de las medidas sociales que había implantado el correísmo durante el período conocido como “Revolución Ciudadana”. Él remodeló el Ejecutivo y nombró ministros a opositores como María Paula Romo, hoy en la cartera de Interior, o Richard Martínez, portavoz del Comité Empresarial Ecuatoriano, al mando de Economía y Finanzas, algo que generó gran desconfianza en las filas de su partido, donde todavía se encontraban figuras importantes del período en auge de Correa.

Entre esas personas se encontraba Jorge Glas, mano derecha del expresidente, quien cuestionó el viraje a la derecha de Moreno. Entonces lo relegó de sus funciones y acto seguido aparecieron archivos de audio donde se le vinculaba con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Glas acabó en la cárcel desde el 2 de octubre de 2017 acusado por asociación ilícita, algo que removió los cimientos del correísmo, que acusó a Moreno de traidor y sostuvo que el exvicepresidente era víctima de una persecución política.

Otro de los puntos fundamentales de la ruptura —quizás el más importante— fue la Consulta Popular que convocó Lenín Moreno el 4 de febrero de 2018, que, pese a estar impulsada sin que la Corte Constitucional diera luz verde para ello, obtuvo el respaldo de la ciudadanía. Entre las preguntas planteadas, según la oposición, “tendenciosas”, se determinó la prohibición de la reelección indefinida, un planteamiento que impide la postulación de Correa a la presidencia de la república, y el cese del Consejo de Participación Ciudadana, quinto poder del Estado, cuyos dirigentes habían sido nombrados por él. Tras la consulta de Moreno, la quiebra entre correístas y morenistas se trasladó a la Asamblea Nacional. Los fieles a Correa se mantuvieron en la Revolución Ciudadana mientras los morenistas construyeron una nueva mayoría de apoyo al presidente con la derecha ecuatoriana, partido de su rival en las urnas, Guillermo Lasso.

En el plano internacional, la postura de Lenín Moreno apoyando a la administración estadounidense en las sanciones a Venezuela (país aliado de Ecuador en la etapa de Correa), la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el refuerzo de las relaciones diplomáticas con EE. UU. o el liderazgo junto a Iván Duque del cerco diplomático al gobierno de Maduro han marcado también el distanciamiento de la administración de Moreno frente a los diez años de correísmo en el país, período en el que hubo tensión con Washington por la salida de EE. UU. de la base de Manta en 2009 o la ayuda de Ecuador a Julian Assange, reclamado por el país norteamericano en 2012 en el marco de la trama Wikileaks.

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“Correa nunca confió en Moreno. En el argot popular ecuatoriano hay una frase: “Tonto útil”. Y el círculo cercano a Rafael Correa, aquel que está manchado por acusaciones de corrupción, intentó que Lenín Moreno fuera su tonto útil. Esto les permitía a ellos —calificados como el Círculo Rosa— mantenerse en el poder y de esa manera seguir en impunidad, convirtiéndose en los los nuevos ricos de Ecuador con el dinero de los pobres que tanto decían defender en sus discursos. Moreno se dio cuenta de esto y los traicionó, antes de que ellos lo traicionaran a él”, apunta Juan Pablo Ruiz, periodista que trabajó en el área de prensa de Correa y estuvo presente en la campaña Moreno-Glas.

Por su parte, Santiago Basabe, doctor en Ciencia política, recalca que hay tres factores clave para entender el divorcio consumado entre Moreno y Correa: en primer lugar, la coyuntura económica, que en la etapa de Correa se situaba en un período boyante y de bonanza mientras que en el de Moreno enfrenta niveles muy elevados de déficit fiscal; en segundo lugar, el apoyo popular del que gozan ambos líderes, muy desigual entre sí, ya que Correa contaba con grandes índices de popularidad, mientras Moreno sitúa su aprobación por debajo del 20 %. En tercer lugar, el analista político destaca un aspecto personal entre los dos: mientras Correa tiene un carácter basado en el liderazgo y el carisma, Moreno cuenta con muy poca interpelación ciudadana. “Esas diferencias en lo político y en lo social llevan a Moreno a un reordenamiento, que llega tarde, y las consecuencias son las que estamos viendo ahora”.

“La disputa entre Moreno y Correa traspasó la barrera de lo político y se ha convertido en algo personal”, señala Ruiz. Tanto es así que en los últimos días los cruces de acusaciones en ambas direcciones no han parado de sucederse. Mientras que Moreno acusa a Correa de haber urdido un “plan sistemático” junto a Maduro para provocar una situación de inestabilidad en el país, Correa se dedica a propinarle insultos desde Bruselas. En una entrevista concedida al periódico español El Mundo, el expresidente ecuatoriano tilda a su predecesor de ser “el más grande impostor de nuestra era, un desequilibrado mental”.

¿Hacia dónde va el país?

Ecuador enfrenta jornadas de protestas multitudinarias en las que se pide que el gobierno de Lenín Moreno tumbe el decreto que favorece el aumento del precio de los carburantes y el fin a los subsidios a la gasolina. “Habrá acuerdo, pero no favorecerá a todas las partes”, señala Basabe.

“La última vez que hubo un movimiento popular tan grande y profundo fue en 2005, cuando cayó el presidente Lucio Gutiérrez. Las marchas duraron siete días. De alguna manera, con este conflicto estamos tocando los límites de nuestra modernidad política: por un lado, la instrumentalidad política formal del gobierno y, por otro, el ethos comunitario y ancestral de los indígenas. Lamentablemente, en este caso serán los militares quienes dirimirán el futuro”, apunta el periodista Edwin Alcarás.

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En un llamado a “radicalizar las acciones” por parte de la Conaie y una petición de la misma confederación a que los militares le retiren el apoyo a Moreno, la situación ahora cuenta con la participación de otros actores, como las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que se han ofrecido como mediadores para alcanzar una solución pacífica y pronta.

“La mediación de estos organismos puede ser útil para frenar la violencia tanto en las protestas como en la represión policial. Pero la negociación de política económica es mucho más compleja. Parece difícil que el gobierno dé marcha atrás con la eliminación de los subsidios al combustible, pero sí es importante que se puedan negociar con los sectores sociales medidas paliativas, que pueden realizarse con el ahorro fiscal producido”, apunta el politólogo Augusto Salvatto.

Así las cosas, Ecuador enfrenta jornadas excepcionales bajo la sombra de intereses contrapuestos de dos mandatarios a quienes la política hizo enemigos. El país latinoamericano tiene que dirimir ahora hacia dónde se encamina: si hacia una nueva era de correísmo o hacia los postulados de Moreno.

El pasado 2 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció una serie de medidas de austeridad, ya conocidas como “paquetazo”, que han removido los cimientos del país latinoamericano. La medida fue informada en la misma fecha en que se cumplía el segundo aniversario de la entrada en prisión de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa y del propio Moreno, que fue fulminantemente destituido por este último tras conocerse sus presuntas implicaciones en el capítulo ecuatoriano de Odebrecht. Este hecho fue uno de los detonantes del enfrentamiento total entre ambos líderes, que habían compartido un pasado común en la política cuando Moreno fue vicepresidente de Correa, entre 2007 y 2013.

Las discrepancias entre correístas y morenistas son el telón de fondo de más de una semana de movilizaciones a lo largo y ancho del país en las que colectivos sociales y la comunidad indígena reclaman derogar el Decreto 883, que propone el fin de los subsidios a la gasolina, una práctica instalada durante las últimas cuatro décadas; el aumento del precio de los carburantes en un 120 % y otras medidas de austeridad impuestas por el gobierno ecuatoriano luego de firmar un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conseguir US$4.200 millones y sanear las cuentas fiscales del país.

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El grueso de las protestas deja ya al menos cinco víctimas mortales, cientos de heridos y detenidos. Desde que el pasado miércoles el presidente Moreno decretara el estado de excepción, las manifestaciones fueron adquiriendo un cariz más tenso en los días posteriores entre la oposición —que incluye principalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), transportistas, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil— y la Policía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el jueves su preocupación por esta escalada e instó a investigar los hechos “cometidos por diferentes actores, principalmente los ocasionados por uso excesivo de la fuerza”.

Aunque los actores sociales se desmarquen del origen partidista y político del conflicto que vive Ecuador, lo cierto es que las decisiones de uno y otro mandatario tienen gran influencia en la realidad actual del país. De hecho, en las últimas jornadas se ha vivido un nuevo cruce de exabruptos entre Moreno y Correa. En comparecencia pública, el presidente ecuatoriano recriminaba que las movilizaciones no eran más que un “intento de golpe de Estado” por parte de Correa y la Venezuela de Maduro, con quien el expresidente mantiene una buena relación. La respuesta llegó desde Bruselas, donde reside Correa, huido de una orden de prisión preventiva, quien acusó al presidente de haber roto la democracia, lo calificó como el mayor farsante de nuestra era” y solicitó un adelanto electoral al cual se postuló como candidato “si fuera necesario”.

El posicionamiento de Correa instando a un anticipo electoral volvió a hacer saltar algunas alarmas en Ecuador. Según Augusto Salvatto, investigador asociado al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina, “ese fue el objetivo de Correa desde un principio. Precipitar el fin del gobierno de Moreno es una forma de volver al poder y evitar lo que los correístas llaman una persecución político-judicial a sus funcionarios”. Edwin Alcarás, periodista ecuatoriano, considera que el llamado del expresidente fue desafortunado; sin embargo, “Correa sabe que sigue siendo una gran ‘sombra’ en el espectro electoral ecuatoriano, como demostraron las últimas elecciones seccionales de marzo pasado”.

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Un enfrentamiento sin retorno

Moreno llega a la mitad de su mandato presidencial con las relaciones quebradas con el que fuera su compañero de partido y antecesor: Rafael Correa. El mandatario ecuatoriano alcanzó el Palacio de Carondelet en 2017 de la mano de Alianza PAIS, la candidatura oficialista de su hoy defenestrado Correa. Después de una segunda vuelta muy ajustada, Moreno se impuso a su rival, el derechista Guillermo Lasso, con un 51,1 % de los votos, en una estrecha victoria que pudo suponer el inicio del fin de su relación personal y política con el exmandatario.

Entre su etapa como vicepresidente y antes de ganar las elecciones presidenciales, Moreno estuvo trabajando como enviado especial de las Nacionales Unidas en el área de Discapacidad y Accesibilidad, un tema que le tocó vivir de cerca debido a un robo con violencia en 1998 que terminó por dejarlo en silla de ruedas. Allí, en la ONU, conoció a empresarios ecuatorianos y a las élites mundiales, y desde entonces el correísmo empezó a dudar de él y sus postulados.

Sin embargo, fue al llegar a la Presidencia cuando se consumaron los hechos del divorcio político entre ambos líderes. Moreno comenzó a desechar buena parte de las medidas sociales que había implantado el correísmo durante el período conocido como “Revolución Ciudadana”. Él remodeló el Ejecutivo y nombró ministros a opositores como María Paula Romo, hoy en la cartera de Interior, o Richard Martínez, portavoz del Comité Empresarial Ecuatoriano, al mando de Economía y Finanzas, algo que generó gran desconfianza en las filas de su partido, donde todavía se encontraban figuras importantes del período en auge de Correa.

Entre esas personas se encontraba Jorge Glas, mano derecha del expresidente, quien cuestionó el viraje a la derecha de Moreno. Entonces lo relegó de sus funciones y acto seguido aparecieron archivos de audio donde se le vinculaba con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Glas acabó en la cárcel desde el 2 de octubre de 2017 acusado por asociación ilícita, algo que removió los cimientos del correísmo, que acusó a Moreno de traidor y sostuvo que el exvicepresidente era víctima de una persecución política.

Otro de los puntos fundamentales de la ruptura —quizás el más importante— fue la Consulta Popular que convocó Lenín Moreno el 4 de febrero de 2018, que, pese a estar impulsada sin que la Corte Constitucional diera luz verde para ello, obtuvo el respaldo de la ciudadanía. Entre las preguntas planteadas, según la oposición, “tendenciosas”, se determinó la prohibición de la reelección indefinida, un planteamiento que impide la postulación de Correa a la presidencia de la república, y el cese del Consejo de Participación Ciudadana, quinto poder del Estado, cuyos dirigentes habían sido nombrados por él. Tras la consulta de Moreno, la quiebra entre correístas y morenistas se trasladó a la Asamblea Nacional. Los fieles a Correa se mantuvieron en la Revolución Ciudadana mientras los morenistas construyeron una nueva mayoría de apoyo al presidente con la derecha ecuatoriana, partido de su rival en las urnas, Guillermo Lasso.

En el plano internacional, la postura de Lenín Moreno apoyando a la administración estadounidense en las sanciones a Venezuela (país aliado de Ecuador en la etapa de Correa), la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el refuerzo de las relaciones diplomáticas con EE. UU. o el liderazgo junto a Iván Duque del cerco diplomático al gobierno de Maduro han marcado también el distanciamiento de la administración de Moreno frente a los diez años de correísmo en el país, período en el que hubo tensión con Washington por la salida de EE. UU. de la base de Manta en 2009 o la ayuda de Ecuador a Julian Assange, reclamado por el país norteamericano en 2012 en el marco de la trama Wikileaks.

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“Correa nunca confió en Moreno. En el argot popular ecuatoriano hay una frase: “Tonto útil”. Y el círculo cercano a Rafael Correa, aquel que está manchado por acusaciones de corrupción, intentó que Lenín Moreno fuera su tonto útil. Esto les permitía a ellos —calificados como el Círculo Rosa— mantenerse en el poder y de esa manera seguir en impunidad, convirtiéndose en los los nuevos ricos de Ecuador con el dinero de los pobres que tanto decían defender en sus discursos. Moreno se dio cuenta de esto y los traicionó, antes de que ellos lo traicionaran a él”, apunta Juan Pablo Ruiz, periodista que trabajó en el área de prensa de Correa y estuvo presente en la campaña Moreno-Glas.

Por su parte, Santiago Basabe, doctor en Ciencia política, recalca que hay tres factores clave para entender el divorcio consumado entre Moreno y Correa: en primer lugar, la coyuntura económica, que en la etapa de Correa se situaba en un período boyante y de bonanza mientras que en el de Moreno enfrenta niveles muy elevados de déficit fiscal; en segundo lugar, el apoyo popular del que gozan ambos líderes, muy desigual entre sí, ya que Correa contaba con grandes índices de popularidad, mientras Moreno sitúa su aprobación por debajo del 20 %. En tercer lugar, el analista político destaca un aspecto personal entre los dos: mientras Correa tiene un carácter basado en el liderazgo y el carisma, Moreno cuenta con muy poca interpelación ciudadana. “Esas diferencias en lo político y en lo social llevan a Moreno a un reordenamiento, que llega tarde, y las consecuencias son las que estamos viendo ahora”.

“La disputa entre Moreno y Correa traspasó la barrera de lo político y se ha convertido en algo personal”, señala Ruiz. Tanto es así que en los últimos días los cruces de acusaciones en ambas direcciones no han parado de sucederse. Mientras que Moreno acusa a Correa de haber urdido un “plan sistemático” junto a Maduro para provocar una situación de inestabilidad en el país, Correa se dedica a propinarle insultos desde Bruselas. En una entrevista concedida al periódico español El Mundo, el expresidente ecuatoriano tilda a su predecesor de ser “el más grande impostor de nuestra era, un desequilibrado mental”.

¿Hacia dónde va el país?

Ecuador enfrenta jornadas de protestas multitudinarias en las que se pide que el gobierno de Lenín Moreno tumbe el decreto que favorece el aumento del precio de los carburantes y el fin a los subsidios a la gasolina. “Habrá acuerdo, pero no favorecerá a todas las partes”, señala Basabe.

“La última vez que hubo un movimiento popular tan grande y profundo fue en 2005, cuando cayó el presidente Lucio Gutiérrez. Las marchas duraron siete días. De alguna manera, con este conflicto estamos tocando los límites de nuestra modernidad política: por un lado, la instrumentalidad política formal del gobierno y, por otro, el ethos comunitario y ancestral de los indígenas. Lamentablemente, en este caso serán los militares quienes dirimirán el futuro”, apunta el periodista Edwin Alcarás.

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En un llamado a “radicalizar las acciones” por parte de la Conaie y una petición de la misma confederación a que los militares le retiren el apoyo a Moreno, la situación ahora cuenta con la participación de otros actores, como las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que se han ofrecido como mediadores para alcanzar una solución pacífica y pronta.

“La mediación de estos organismos puede ser útil para frenar la violencia tanto en las protestas como en la represión policial. Pero la negociación de política económica es mucho más compleja. Parece difícil que el gobierno dé marcha atrás con la eliminación de los subsidios al combustible, pero sí es importante que se puedan negociar con los sectores sociales medidas paliativas, que pueden realizarse con el ahorro fiscal producido”, apunta el politólogo Augusto Salvatto.

Así las cosas, Ecuador enfrenta jornadas excepcionales bajo la sombra de intereses contrapuestos de dos mandatarios a quienes la política hizo enemigos. El país latinoamericano tiene que dirimir ahora hacia dónde se encamina: si hacia una nueva era de correísmo o hacia los postulados de Moreno.