“No comparto apetitos de poder desenfrenados de la ministra de Justicia” : Gerardo Botero

El magistrado Gerardo Botero lleva 23 años como funcionario de la Corte Suprema. / Óscar Pérez - El Espectador.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero, tiene 30 años de experiencia en la justicia, 25 como docente y nunca ha protagonizado un escándalo. Pero los manejos internos que ha visto en los últimos años en el alto tribunal lo desbordaron, al punto que hoy acusa abiertamente a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, de inmiscuirse en asuntos que ya no son suyos. El 21 de mayo del año pasado, la Corte aceptó la renuncia de Cabello, quien pasó a ser parte del gobierno Duque. En entrevista con este diario, el magistrado Botero señala que los bloqueos que llevaron a este alto tribunal a perder su quórum decisorio hace menos de un mes tienen mucho que ver con las divisiones que, asegura, ha promovido la propia ministra en el tribunal al que una vez perteneció.

La semana pasada usted retiró su aspiración a la presidencia de la Corte y denunció una injerencia indebida de la ministra de Justicia. ¿Cómo se materializó?

En los procesos electorales que debe cumplir la Corte en acatamiento de sus funciones administrativas. Con su auspicio y el de algún sector interno de sus afectos se patrocinan bloqueos para generar resistencias o favoritismos por determinados candidatos y así alcanzar los objetivos propuestos.

Van años de oír que en la Corte hay una división entre paisas y costeños. ¿Tiene algo que ver con esa injerencia que denuncia?

Da tristeza decirlo, pero se ha entronizado en la corporación una rivalidad de regionalismos como si se tratara de un espectáculo, de un reality, propiciado por Margarita Cabello Blanco desde cuando fungió como magistrada de la Corte, a través de comentarios de pasillo como “yo no voto por paisas”. De esa forma alentó una abierta e inmerecida estigmatización por los candidatos de esta región del país.

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¿De dónde vendría esa actitud?

Creería que puede tener como origen la denuncia que, en su debido momento, hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Javier Osorio cuando (la hoy ministra de Justicia) fue ternada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para ser fiscal general, en reemplazo de Mario Iguarán Arana. En esa oportunidad, el citado magistrado adujo que “un emisario” de la candidata Margarita Cabello Blanco lo visitó en su despacho para ofrecerle cuotas burocráticas en la Fiscalía de Medellín si votaba por ella y ayudaba en su elección.

Pero eso ocurrió hace más de 10 años...

Como ministra de Justicia ha hecho comentarios desafortunados en Palacio, en presencia de otro ministro, en el sentido de que “otro paisa no podía ser presidente de la Corte”, descalificando mi legítima aspiración y avivando con ello su preferencia por el otro candidato de la costa, lo cual, a mi modo de ver, se constituye en una ilegítima intromisión del Ejecutivo en los asuntos de otra rama del poder público. Esa afirmación me la transmitió un ministro del actual gobierno, en presencia de un senador de la República y dos personas más muy prestantes de nuestra sociedad, que por obvias razones no voy a dar sus nombres.

¿Cómo es su relación con la ministra Cabello?

Durante el tiempo en que fungió como magistrada de la Corte fue normal, aunque un poco distante por las posiciones que asumí y las confrontaciones con ella en algunas sesiones de Sala Plena, en tanto no he compartido sus actuaciones y los apetitos de poder desenfrenados que quiere ostentar, para de esa forma posicionarse como la persona que ejerce un importante liderazgo en la corporación. En varias sesiones de Sala Plena, y en presencia de ella, precisé a raíz de los diversos bloqueos que se generaban que ese no era el escenario para ejercer caudillismos.

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¿Qué gana Margarita Cabello con esa injerencia que usted denuncia?

Hacer creer que ella es quien maneja los hilos en la Corte Suprema de Justicia, y así pretender posicionarse políticamente para el logro de sus próximas aspiraciones que, tal y como lo anuncian los medios de comunicación, sería la Procuraduría General de la Nación.

Usted propone que una reforma a la justicia prohíba a los magistrados pasar al Ejecutivo. Explique su propuesta.

Siempre he considerado que la magistratura en una alta corte debe ser la culminación de una trayectoria profesional, ejercida en forma brillante, responsable, honesta y digna, sin más pretensiones que la de fijar líneas jurisprudenciales al resolver las controversias puestas a su conocimiento. Si ello no es así, el magistrado con pretensiones políticas o de otra índole diluirá su función misional de administrar justicia en buscar acercamientos con ciertos círculos sociales, económicos o políticos, que puedan arroparlo para cuando termine su período constitucional.

¿Esa propuesta nació de sus diferencias con la ministra Cabello?

Nunca he estado de acuerdo con que un magistrado en ejercicio activo pase a un ministerio, y menos al de Justicia. Recuérdese que la actual ministra Margarita Cabello, siendo magistrada de la Corte, también fue ternada como fiscal ad hoc para líneas de investigación de Odebrecht y que en su debido momento generó cierto malestar al interior de la corporación, lo cual deja en evidencia su vanidad por ostentar poder. Ahora se dice que está aspirando a ser procuradora general de la Nación. Es por ello que uno de los puntos de la reforma a la justicia debería estar enfocado en prohibir esa situación, pues el cerco a la puerta giratoria que se dispuso a los magistrados para no saltar de una corte a otra también debe estar direccionada para evitar que se haga lo propio respecto de posiciones importantes del gobierno nacional. De esa forma se conjuraría que se utilice la administración de justicia como trampolín político para satisfacer apetitos burocráticos, pues ello desdibuja la imagen, credibilidad y dignidad que encarna un juez de la República.

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¿Por qué se postuló para presidente si, en teoría, le correspondía a Jorge Quiroz (quien fue elegido)? ¿Por qué renunció a su aspiración?

Me postulé a la Presidencia de la Corte porque estaba en el legítimo derecho de hacerlo, pues no tenía ninguna pretensión diferente a generar cambios de mentalidad y de buenas prácticas en el interior de la corporación, para que las decisiones fluyan sin mayores tropiezos. No sé cuál es esa teoría actual de que la presidencia de la Corte le corresponde a quien fungió como su vicepresidente (el año anterior), pues si bien en otrora esa fue una práctica sana y pacífica que se respetaba, todo cambió desde el momento en que le barajaron la presidencia a la Dra. Isaura Vargas (magistrada de la Sala Laboral), quien venía de ser vicepresidenta. Para ese entonces, quien resultó designado como presidente de la Corte fue el doctor Francisco Ricaurte (hoy en juicio por el escándalo del cartel de la toga). A partir de ese momento, en 2008, todo cambió y las dignidades en la corporación se convirtieron en focos de disputa, para lo cual pueden constatarse las rivalidades que en los últimos tiempos se han generado.

¿Por qué hablar en este momento?

Uno de mis mayores anhelos profesionales, que consideraba inalcanzable por provenir de una familia humilde, era ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hice mis mayores esfuerzos intelectuales, académicos y de servicio a la judicatura, concibiendo la función judicial como un verdadero sacerdocio, al punto de que llevo más de 30 años al servicio de la judicatura y aquí en la Corte cerca de 23 años (de magistrado auxiliar y titular). Como magistrado titular, aún no alcanzo la mitad de mi período, pero me fui dando cuenta de todas esas prácticas malsanas y perversas que ya he destacado, y que no me atrevía a divulgar por no dañar la imagen de una institución que me lo ha dado todo. He decidido salir a los medios para ponerle la cara al país, porque tengo dolor de patria, en tanto se me ha querido estigmatizar como uno de los magistrados que venía bloqueando la Corte.

Esos bloqueos hicieron que la Corte no pudiera salvar su propio “quórum” a finales de febrero pasado. ¿Cómo se llegó a esa situación?

Fui uno de los magistrados más propositivos para evitar que se desintegrara el quórum de la Corte, ante el vencimiento del periodo de los doctores José Luis Barceló, Luis Guillermo Salazar y Rigoberto Echeverri. En la Sala del 24 de octubre de 2019 (acta No. 33), presenté una propuesta de adicionar al reglamento un parágrafo al artículo quinto, en el que se dispusiera que “en la eventualidad en que el número de los integrantes de la corporación se reduzca a menos de 16 de sus miembros por no haber sido posible proveer las vacantes existentes, el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus miembros, para la elección de los cargos señalados en el presente artículo, se tomará teniendo como referente los magistrados que en dicho momento conformen la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia”. Tal proposición fue hundida por algún sector de la corporación, pero inexplicablemente, cuando ya era inminente la desintegración del quórum ante la salida del doctor Ariel Salazar, varios de los magistrados que la desaprobaron pretendieron revivirla, a pesar de que ya no era útil y necesaria, tal y como lo deje consignado en la respectiva sesión donde se trató el tema.

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En ese mismo afán por evitar que se desintegrara el quórum de la Corte, y en la última sala que se hizo antes de la salida del doctor Ariel Salazar, propuse que se encargara a un magistrado auxiliar o a un magistrado de un Tribunal Superior de Distrito Judicial del país que se hubiese destacado por sus méritos con la distinción “José Ignacio de Márquez”, hasta tanto se hicieran los nombramientos en propiedad. Dicha propuesta también fue derrotada, sin mayor explicación y argumentación, a pesar de que en la Corte ya se han hecho encargos en épocas pasadas y en esas eventualidades, como ocurrió con los nombramientos que se hicieron del doctor Armando Albarracín, encargado en el despacho que dejó el doctor Ramón Zuñiga Valverde, mientras se designaba su reemplazo de la lista enviada por el Consejo Superior de la Judicatura. Igual ocurrió con la doctora Elsy del Pilar Cuello, quien también fue magistrada encargada.

Por último, ante la real desintegración del quórum, en tanto la Corte quedó solo con 15 integrantes, propuse que cada sala especializada nombrara los conjueces para reemplazar a los magistrados que hacían falta, esto es, la Sala Penal nombraría tres, la Sala Laboral otros tres y la Sala Civil, uno, para de esa forma completar los 23 magistrados que conforman la corporación y, una vez integrada de esa forma, se procediera a hacer los nombramientos de las vacantes existentes. Dicha proposición también fue derrotada, bajo el argumento de que los conjueces no cumplen funciones administrativas sino jurisdiccionales, conforme a la ley estatutaria de la administración de justicia. Vale la pena precisar, que para cierto sector de la corte, este mecanismo era violatorio de la ley, pero el que finalmente se adoptó sí era legítimo, a pesar de todas las violaciones al ordenamiento jurídico e irregularidades en que se incurrió.

Se habló de “extorsiones” y “presiones”. ¿Cuáles eran acaso las trabas que no los dejaron elegir?

Esta situación fue objeto de una denuncia periodística por parte del anterior presidente de la Corte Suprema, Álvaro Fernando García, quien fue víctima de presiones (en 2019) para que se votara por presidente y vicepresidente (al tiempo), a cambio de darle el voto para la presidencia. Nunca se había presentado en la corporación esa exigencia de votar al unísono y en una misma urna por ambas dignidades, al punto de haberse acordado, para conjurar el bloqueo, que debían salir ambos a la vez, so pena de que, si no fuera así, ninguno de ellos dos resultaría exaltado con esas dignidades. En esa ocasión, aspiré a la vicepresidencia de la Corte, y se me descalificó bajo el folclórico argumento de que dos paisas no podían quedar en esas dignidades, por lo que a raíz del bloqueo que le estaba generando esa situación al doctor García (paisa), decidí declinar mi aspiración.

¿Quiénes votaron en blanco para frenar las elecciones?

No sabría decirle porque, según nuestro reglamento, el voto es secreto. Precisamente, para evitar ese tipo de bloqueos en el proceso de elecciones en la Corte fue que propuse reformar nuestro reglamento en ese sentido, para que el voto fuese nominal y público.

La Corte optó por reducir al quórum para elegir con 12 votos (la mitad de 23 más uno). ¿Estuvo de acuerdo?

No estuve de acuerdo con esa decisión que se adoptó, en tanto que a mi modo de ver, reducir a 12 votos el quórum calificado no fue una interpretación del reglamento, sino una real y verdadera modificación o reforma a nuestro estatuto interno. Fue el cambio abrupto y desconsiderado de una normativa por otra, total y completamente diferente a la que ya existía.Interpretar un texto normativo es simple y llanamente darle un alcance, una intelección o una hermenéutica a una disposición, sin desconocer su contenido literal, contrario a lo que sucedió en este caso, ya que se suplantó una norma por otra totalmente distinta, pues se pasó de exigir 16 votos a 12 para los procesos eleccionarios de que trata el artículo 5º del reglamento interno.

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De igual forma, la Sala Plena extraordinaria prevista para ese día 28 de febrero fue una verdadera caja de Pandora, pues no fue convocada para los efectos de reformar, modificar o interpretar el reglamento interno, lo cual conduce inexorablemente a que se tornen en ineficaces de pleno derecho todas las decisiones que se adoptaron, con arreglo a lo que al efecto prevé el artículo 3º de nuestro reglamento, en tanto allí textualmente se dice: “La convocatoria a sesiones extraordinarias se hará por escrito, indicando el día, la hora y el objeto de la reunión. En caso de urgencia la citación podrá hacerse verbalmente, de lo cual se dejará constancia en el acta de la respectiva sesión. Las reuniones extraordinarias que se realicen sin cumplir con lo dispuesto en este artículo, y las decisiones que en ellas se tomen, serán ineficaces de pleno derecho”.

Por su parte, las reformas al reglamento interno de la Corte, requieren no solo del voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, esto es (16 votos), con arreglo a lo que dispone el artículo 5º de nuestro estatuto, sino que además, deben ser discutidas y aprobadas en dos sesiones ordinarias, tal y como imperativamente lo establece el artículo 52.

¿Para qué propuso levantar el secreto del voto?

Para todo lo que tuviera que ver con nuestra función electoral, como una forma de demostrar la total y absoluta transparencia en el cumplimiento de esa función. La razón fue que, en algunos casos en donde se ha votado en forma pública, los candidatos han salido elegidos por unanimidad, lo cual no sucede cuando el voto es secreto. En la justificación de mi propuesta plasmé por escrito que “la dignidad, autonomía e independencia que encarna un magistrado de la Corte Suprema le impone que todas sus decisiones estén rodeadas de la total, absoluta y suficiente transparencia que debe guiar y caracterizar todas sus actuaciones”.

¿Hubo candidatos que no debieron ser elegidos?

Considero que todas las personas que resultaron elegidas estaban habilitadas y legitimadas para fungir como magistrados de la Corte, lo que no comparto es la forma como se forzó y se presionó para esos efectos.

Las elecciones solían funcionar con un acuerdo tácito en el que cada sala lleva sus candidatos y son elegidos por la Sala Plena. ¿Por qué no se respetó?

Así había funcionado de muchos años atrás en la Corte. Cuando la palabra empeñada tenía algún significado, ese era un tema pacífico, pues cada sala especializada postulaba su candidato o candidatos y la Sala Plena los respetaba. El voto secreto es ahora un elemento perturbador y propicio para las mezquindades, pues las fisuras que existen en el interior de cada una de las salas generan que en ocasiones se lleva a alguien como candidato único, pero soterradamente no se le vota. Eso ocurrió el año pasado con el nombramiento del presidente de la Corte, que era el candidato único de la Sala Civil, quien, después de varios meses y a raíz de los bloqueos que se impusieron, solo ejerció una presidencia de unos siete u ocho meses, cuando por reglamento es de un año.

¿Qué mensaje concluye que le dio la Corte Suprema al país?

Es un mensaje que conduce a que se generen cambios en las malas prácticas que se han enquistado en la corporación, como dejar vacantes los cargos de magistrados hasta por más de un año. (el despacho del que soy titular estuvo quince meses sin ser provisto). Antes se encargaba a alguien mientras se elegía de listas, y así no se represaba el trabajo en los despachos. Se volvió costumbre acumular las listas y en los últimos años se han efectuado nombramientos en bloque. Debe modificarse la estructura en la gobernanza de la Rama Judicial; la forma de elección de los magistrados de las cortes; exigir mayores requisitos en cuanto a la edad y el tiempo de servicios o experiencia, y eliminarles a las cortes su función electoral, que tanto daño le han hecho. Un magistrado de la Corte debe enfocar todo su trabajo en la actividad judicial, a producir derecho y resolver controversias, que es su verdadera función misional. La reforma a la administración de justicia debe estar enfocada en evitar que esas situaciones irregulares vividas en los últimos años al interior de la Corte se repitan, para rescatar la dignidad, la majestad y credibilidad de la administración de justicia.

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