Líderes indígenas awá: la sentencia de muerte que se debe impedir

Desde que el presidente Iván Duque anunció que Walter Patricio Arizala, también conocido como “Guacho”, había muerto en combates con el Ejército en el sur de Nariño, el perfil del Frente Oliver Sinisterra, que comandó, dejó de ser noticia judicial de relevancia en el país. Pero la desaparición física de “Guacho” no implicó el debilitamiento de la estructura ilegal en el territorio, por cuanto Carlos Arturo Landázuri, apodado el ‘Comandante Gringo’, fue su reemplazo, y no ha dejado de amedrentar a los líderes sociales, principalmente a los indígenas del pueblo awá.

La semana pasada fueron sentenciados de muerte siete autoridades ancestrales de esta comunidad. Rider Pai, Juan Edgardo Pai, Xavier Arias, Lorena Canticús, Gladis Bisbicus y Sixto Guanga. “El frente Oliver Sinisterra pone en conocimiento que las siguientes personas se las declara objetivo militar. No respondemos de todo aquel que haga caso omiso a este mensaje. Ya están advertidos incluyendo gobernadores de resguardos indígenas por ser colaboradores de la Fiscalía (sic)”, dice el mensaje que llegó a los celulares de los líderes agrupados en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

En zona rural de Tumaco están asentados la mayor parte de los indígenas del pueblo awá en el departamento de Nariño. Por esos caminos que conducen selva adentro al mar Pacífico es por donde continúa la trama de una guerra que amenaza y asesina después de la primera advertencia. Así lo describe Rider Pai, mencionado en el mensaje de texto más reciente y quien ha visto caer a muchos líderes y comuneros de ese pueblo ancestral. Entre agosto de 2016 y junio de este año han sido asesinadas 29 autoridades tradicionales, “demostrando el exterminio al que estamos sometidos tal y como lo reconoce la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señala Pai.

El mensaje llegó en medio de la Asamblea General de la UNIPA, que se realiza cada año para proyectar el trabajo organizativo y conmemorar el aniversario de dicha organización. Esta vez sucedió en el corregimiento de Llorente en donde mayores, médicos tradicionales, músicos, consejeros y guardias ancestrales debatían sobre cómo será su plan de vida en medio de las balas que los atormentan. De inmediato las autoridades tradicionales recibieron el mensaje y lo comunicaron al gobierno nacional y a la comunidad en general para dejar constancia de esa sentencia de muerte que los persigue y que en este territorio periférico y olvidado puede ejecutarse en cualquier momento.

De hecho, una de las alarmas que encendieron primero los líderes amenazados fueron los tres homicidios sucesivos contra comuneros awá la semana pasada. El 4 de junio desapareció en extrañas circunstancias Rocío García Paí del resguardo indígena Awá de Hojal la Turbia (Tumaco). Días más tarde, el 7 de junio, su cuerpo inerte fue encontrado en el cauce del rio Nulpe. El 6 de junio en la mañana también desapareció la estudiante Leidy Jackeline Burgos Paí mientras participaba en la Asamblea de la Unipa. Tenía 18 años y fue encontrada el 7 de junio al lado de su casa con tres tiros en su cuerpo. Y Robert Dionisio García Bisbicús de 21 años, quien fue asesinado por dos hombres que llegaron en una motocicleta, entraron a su casa y sin mediar palabra le propiciaron varios disparos el 7 de junio pasado.

“En estos momentos están asesinando a compañeros que ni siquiera han recibido amenazas y eso nos preocupa, porque lo que hemos visto es que no se trata de un chiste, es algo real, ya muchos han caído en manos de los armados”, dice Pai desde un lugar fuera de Tumaco. La amenaza es quizá por la insistencia de las autoridades ancestrales de hacer respetar su jurisdicción oponiéndose a que sus tierras sean invadidas de hombres, armas y sangre. Legales e ilegales.

Víctor Viteri, secretario de gobierno de Nariño, afirma que, en la zona, a parte de la disidencia del frente Oliver Sinisterra, también opera otro grupo que resultó tras la desmovilización de dos estructuras de las antiguas Farc en la zona, en este caso se trata de la columna Steven González, que está disputando el control territorial del sur de Nariño.  

“Los pueblos indígenas, especialmente los awá desde su cosmovisión han intentado sostener una economía legal, pero los armados han llegado a la fuerza a imponer la siembra de cultivos de coca. Además, amenazan a las autoridades ancestrales para que no interactúen con la Fuerza Pública y eviten dar información sobre la presencia de estos cultivos o de un grupo que esté operando en el sector”, manifiesta Viteri, quien presidió el consejo de seguridad de este martes en Pasto, en donde evaluaron el riesgo de los líderes amenazados que esperan protección colectiva para sus comunidades, más que chalecos antibalas, escoltas y camionetas blindadas.

En la plenaria del Senado de la República, la parlamentaria del partido FARC, Victoria Sandino, también dejó constancia el pasado martes de la ola de crímenes que está padeciendo el pueblo awá en el sur del país: "Exigimos al Ministerio de Interior que cumpla con lo que se comprometió hace algunas semanas: fortalecer el trabajo con la Unidad Nacional de Protección en defensa de la vida de líderes. Los indígenas awá que fueron asesinados ya habían denunciado amenazas en su contra y no recibieron respuesta", denunció Sandino.  

Desde que el presidente Iván Duque anunció que Walter Patricio Arizala, también conocido como “Guacho”, había muerto en combates con el Ejército en el sur de Nariño, el perfil del Frente Oliver Sinisterra, que comandó, dejó de ser noticia judicial de relevancia en el país. Pero la desaparición física de “Guacho” no implicó el debilitamiento de la estructura ilegal en el territorio, por cuanto Carlos Arturo Landázuri, apodado el ‘Comandante Gringo’, fue su reemplazo, y no ha dejado de amedrentar a los líderes sociales, principalmente a los indígenas del pueblo awá.

La semana pasada fueron sentenciados de muerte siete autoridades ancestrales de esta comunidad. Rider Pai, Juan Edgardo Pai, Xavier Arias, Lorena Canticús, Gladis Bisbicus y Sixto Guanga. “El frente Oliver Sinisterra pone en conocimiento que las siguientes personas se las declara objetivo militar. No respondemos de todo aquel que haga caso omiso a este mensaje. Ya están advertidos incluyendo gobernadores de resguardos indígenas por ser colaboradores de la Fiscalía (sic)”, dice el mensaje que llegó a los celulares de los líderes agrupados en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

En zona rural de Tumaco están asentados la mayor parte de los indígenas del pueblo awá en el departamento de Nariño. Por esos caminos que conducen selva adentro al mar Pacífico es por donde continúa la trama de una guerra que amenaza y asesina después de la primera advertencia. Así lo describe Rider Pai, mencionado en el mensaje de texto más reciente y quien ha visto caer a muchos líderes y comuneros de ese pueblo ancestral. Entre agosto de 2016 y junio de este año han sido asesinadas 29 autoridades tradicionales, “demostrando el exterminio al que estamos sometidos tal y como lo reconoce la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señala Pai.

El mensaje llegó en medio de la Asamblea General de la UNIPA, que se realiza cada año para proyectar el trabajo organizativo y conmemorar el aniversario de dicha organización. Esta vez sucedió en el corregimiento de Llorente en donde mayores, médicos tradicionales, músicos, consejeros y guardias ancestrales debatían sobre cómo será su plan de vida en medio de las balas que los atormentan. De inmediato las autoridades tradicionales recibieron el mensaje y lo comunicaron al gobierno nacional y a la comunidad en general para dejar constancia de esa sentencia de muerte que los persigue y que en este territorio periférico y olvidado puede ejecutarse en cualquier momento.

De hecho, una de las alarmas que encendieron primero los líderes amenazados fueron los tres homicidios sucesivos contra comuneros awá la semana pasada. El 4 de junio desapareció en extrañas circunstancias Rocío García Paí del resguardo indígena Awá de Hojal la Turbia (Tumaco). Días más tarde, el 7 de junio, su cuerpo inerte fue encontrado en el cauce del rio Nulpe. El 6 de junio en la mañana también desapareció la estudiante Leidy Jackeline Burgos Paí mientras participaba en la Asamblea de la Unipa. Tenía 18 años y fue encontrada el 7 de junio al lado de su casa con tres tiros en su cuerpo. Y Robert Dionisio García Bisbicús de 21 años, quien fue asesinado por dos hombres que llegaron en una motocicleta, entraron a su casa y sin mediar palabra le propiciaron varios disparos el 7 de junio pasado.

“En estos momentos están asesinando a compañeros que ni siquiera han recibido amenazas y eso nos preocupa, porque lo que hemos visto es que no se trata de un chiste, es algo real, ya muchos han caído en manos de los armados”, dice Pai desde un lugar fuera de Tumaco. La amenaza es quizá por la insistencia de las autoridades ancestrales de hacer respetar su jurisdicción oponiéndose a que sus tierras sean invadidas de hombres, armas y sangre. Legales e ilegales.

Víctor Viteri, secretario de gobierno de Nariño, afirma que, en la zona, a parte de la disidencia del frente Oliver Sinisterra, también opera otro grupo que resultó tras la desmovilización de dos estructuras de las antiguas Farc en la zona, en este caso se trata de la columna Steven González, que está disputando el control territorial del sur de Nariño.  

“Los pueblos indígenas, especialmente los awá desde su cosmovisión han intentado sostener una economía legal, pero los armados han llegado a la fuerza a imponer la siembra de cultivos de coca. Además, amenazan a las autoridades ancestrales para que no interactúen con la Fuerza Pública y eviten dar información sobre la presencia de estos cultivos o de un grupo que esté operando en el sector”, manifiesta Viteri, quien presidió el consejo de seguridad de este martes en Pasto, en donde evaluaron el riesgo de los líderes amenazados que esperan protección colectiva para sus comunidades, más que chalecos antibalas, escoltas y camionetas blindadas.

En la plenaria del Senado de la República, la parlamentaria del partido FARC, Victoria Sandino, también dejó constancia el pasado martes de la ola de crímenes que está padeciendo el pueblo awá en el sur del país: "Exigimos al Ministerio de Interior que cumpla con lo que se comprometió hace algunas semanas: fortalecer el trabajo con la Unidad Nacional de Protección en defensa de la vida de líderes. Los indígenas awá que fueron asesinados ya habían denunciado amenazas en su contra y no recibieron respuesta", denunció Sandino.